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Peinado avisa a Begoña Gómez de que un jurado popular decidirá sobre la acusación de malversación si va a juicio
El magistrado Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha acordado transformar las diligencias sobre la contratación de la asesora de Moncloa Cristina Álvarez para que, en caso de juicio, sea un jurado popular quien decida sobre un presunto delito de malversación de caudales públicos. La medida afecta tanto a la esposa del Presidente del Gobierno, Begoña Gómez, como a Álvarez y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre.
En un auto dictado este miércoles, el juez cita a los tres a comparecer este sábado a las 18.00 horas, en aplicación del artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. Este precepto establece que, tras incoar un procedimiento de este tipo, el instructor debe comunicarlo de inmediato a los investigados, así como concretar la imputación en presencia de la Fiscalía y de las demás partes personadas.
Peinado razona en su resolución que se han alcanzado indicios “racionales, fundados y sólidos” de la posible comisión de un delito. Recuerda que inicialmente no admitió la querella de VOX, pero que la investigación ha cristalizado a raíz de nuevas pruebas, como los correos electrónicos remitidos por el exvicerrector de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, y otro de febrero de 2024 en el que Álvarez transmitía a una directiva de Reale un mensaje de Gómez para mantener su apoyo a una cátedra universitaria.
El magistrado también alude a la declaración del 10 de septiembre, cuando Gómez respondió únicamente a las preguntas de su abogado y reconoció que su asesora le hizo algún “favor”, mientras que Álvarez se acogió a su derecho a guardar silencio. A juicio del instructor, estas actitudes no resultan exculpatorias.
La Audiencia de Madrid ya había señalado en junio que la amistad previa entre Gómez y Álvarez y las tareas privadas que ésta realizaba podrían suponer un desvío de recursos públicos para fines particulares. No obstante, descartó atribuir malversación a Álvarez por entender que solo puede imputarse a quienes intervinieron en su contratación y retribución, apuntando en cambio al posible delito de tráfico de influencias.
La investigación, abierta en abril de 2024 a raíz de la denuncia de Manos Limpias, acumula varias piezas separadas. Además de esta relativa a la contratación de Álvarez, Gómez está imputada por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida de marca.
Fuentes jurídicas confirman que la Audiencia de Madrid debe resolver aún ocho recursos vinculados a la causa, entre ellos los de Gómez, Álvarez y la Fiscalía contra la imputación por malversación. Seis ya están en trámite y algunos comenzarán a deliberarse a finales de septiembre y principios de octubre.
