Imputado el delegado del Gobierno en Madrid por la contratación de la asesora de Begoña

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha decidido admitir a trámite una querella presentada por Vox e investigar al actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por un presunto delito de malversación de caudales públicos. La querella se centra en su papel, en calidad de secretario general de la Presidencia del Gobierno en julio de 2021, en el nombramiento de la asesora de La Moncloa Cristina Álvarez, que habría trabajado para Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

En un auto reciente, el magistrado ha sumado esta querella a la causa principal en la que se investiga a Gómez por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo. Peinado sostiene que existen indicios suficientes para investigar a Martín Aguirre por su "aparente participación" en la designación de Álvarez para tareas de carácter privado vinculadas a la esposa del presidente, sufragadas con fondos públicos.

A pesar de los indicios sobre un posible uso irregular de recursos públicos, el juez descarta atribuir responsabilidad penal por malversación tanto a Begoña Gómez como a Cristina Álvarez. Según su argumentación, ni la asesora ni la esposa del presidente participaron en el proceso de nombramiento ni en la asignación de sus retribuciones, limitándose esta última a hacer uso de sus servicios profesionales.

El magistrado también desestima los delitos de tráfico de influencias y de prevaricación administrativa que recogía la querella de Vox. Argumenta que no ha quedado acreditado que ninguna de las personas implicadas ejerciera presión o influencia sobre quien tomó la decisión del nombramiento. En cuanto a la prevaricación, considera que los hechos no superan el ámbito de la infracción administrativa por irregularidades en el procedimiento, lo que no justificaría una imputación penal.

Con esta nueva imputación, ya son seis los investigados en la causa, iniciada en abril de 2024 a partir de una denuncia del sindicato Manos Limpias. Entre ellos figuran, además de Gómez y Martín Aguirre, Cristina Álvarez, el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache; el directivo del IE Business School, Juan José Güemes; y el empresario Juan Carlos Barrabés. El juez ha optado por citar directamente como investigados a Gómez y a Martín Aguirre, mientras que el resto fueron imputados tras declarar como testigos.