La Comunidad reclama al Gobierno 33 millones en la atención de medicina penitenciaria

La Comunidad de Madrid ha reclamado al Gobierno de España el pago de 33 millones de euros por los servicios de medicina penitenciaria prestados en centros hospitalarios de la región, al tiempo que ha advertido de la creciente merma en los recursos económicos destinados a la sanidad pública.

Así lo ha denunciado la consejera de Sanidad, Fátima Matute, desde el Hospital público Gregorio Marañón, donde ha lamentado la inacción del Ejecutivo central en este ámbito y ha recordado que ya se ha remitido una carta formal detallando la deuda acumulada.

Matute ha afirmado que el sistema sanitario madrileño, considerado "el mayor tesoro" por el Gobierno regional, se mantiene gracias a una gestión eficaz, aunque su sostenibilidad se ve comprometida por el abandono financiero del Estado. En este sentido, ha criticado que el fondo de garantía de compensación entre comunidades autónomas lleve más de una década sin actualizarse, lo que penaliza especialmente a regiones como Madrid, que atienden a una alta proporción de pacientes de fuera de su territorio.

Durante el pasado año, según ha detallado la consejera, los hospitales madrileños trataron a 37.000 pacientes con patologías graves y complejas procedentes de otras comunidades, además de realizar unas 360.000 atenciones a desplazados interregionales y otras 190.000 a personas en situación administrativa irregular. Pese a ello, no se ha compensado económicamente a la región por el coste de estos servicios, que Madrid sigue asumiendo en solitario.

En palabras de Matute, Madrid es una comunidad "solidaria" que no solo aporta recursos económicos, sino también conocimientos y estructuras sanitarias avanzadas que están al servicio de toda España. Ha asegurado que la deuda real es muy superior a los 33 millones reclamados, y ha denunciado que el Estado también retiene fondos europeos esenciales que deberían estar siendo utilizados en beneficio de las comunidades autónomas.

La titular de Sanidad ha recordado que esta exigencia ha sido planteada en repetidas ocasiones ante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, sin que hasta ahora se haya producido respuesta alguna. A su juicio, resulta urgente reformar el fondo de garantía para garantizar una atención sanitaria equitativa en todo el territorio nacional, independientemente de la comunidad en la que resida el paciente.

Asimismo, ha denunciado la falta de financiación de medicamentos clave, como los tratamientos para el cáncer de próstata metastásico, que no cuentan con el respaldo del Ministerio de Sanidad y que Madrid está sufragando como si se tratara de fármacos extranjeros. Esta situación, ha dicho, deja a muchos pacientes en una situación de desprotección inaceptable.

En relación con los Presupuestos Generales del Estado, Matute ha señalado que el recorte de casi un 50% en la inversión sanitaria entre 2023 y 2024 ha obligado a los hospitales a hacer verdaderos “malabarismos” para cubrir gastos básicos. Mientras que el Gobierno de Pedro Sánchez redujo la partida sanitaria en 1.500 millones de euros, la Comunidad de Madrid, según ha indicado, la incrementó en 1.600 millones bajo el mandato de Isabel Díaz Ayuso.

La consejera ha cuestionado la credibilidad del Ejecutivo central cuando habla de fortalecer la sanidad pública mientras recorta fondos y lanza acusaciones contra quienes, como el Gobierno madrileño, apuestan por un modelo de gestión eficiente y sostenible. “Los datos son tozudos y están publicados por el propio Ministerio de Hacienda”, ha zanjado Matute, apelando a la transparencia frente al discurso ideológico.