El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado este jueves que el Gobierno central conocía los fallos en las pulseras antimaltrato, que eran "recurrentes", y "lo tapó".
Así lo ha trasladado durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea, donde se ha referido a la reunión del lunes del Observatorio Regional de Violencia contra la Mujer que abordó "los graves fallos en las pulseras antimaltrato, que han dejado desprotegidas a muchas mujeres en la Comunidad de Madrid".
"Concretamente, ya tenemos conocimiento de, al menos, 40 casos de víctimas que utilizaban estas pulseras en las que se ha detectado un mal funcionamiento, poniendo en riesgo sus vidas, pero serán muchas más. En la reunión del Observatorio, hemos contado con el testimonio directo de jueces y magistrados, de policías, y de expertos en la atención a las mujeres víctimas de maltrato, que nos pusieron los pelos como escarpias", ha lamentado.
Según García Martín, la adquisición de las pulseras se contrató por parte del Ministerio de Igualdad con "un proveedor que no podía acreditar ningún tipo de experiencia en este ámbito, y los aparatos eran de tan baja calidad que se podían adquirir en cualquier plataforma de comercio de China".
Por lo tanto, ha indicado que se trataban de dispositivos que fallaban de manera recurrente, no de forma puntual, como quiere ahora hacer creer la ministra, que "daban problemas con el GPS; que creaban falsas alarmas; que los maltratadores podían quitarse con facilidad; y que cuando se mojaban dejaban de funcionar".
"Dispositivos que no grababan los datos; que cuando pitaban por cercanía del agresor, el sonido era el mismo que cuando se acababa la batería, creando una grave confusión y ansiedad en las víctimas. Y lo más grave, desde el punto de vista político: el Gobierno lo sabía y lo tapó. Lo tapó porque no quería que se supiera", ha aseverado En este punto, ha recordado que, desde mediados de 2024, "venía siendo alertado por jueces, asociaciones de mujeres, víctimas, policías, y por los propios trabajadores del Centro de Control de este servicio telemático de alejamiento".
"Ya sea por desidia, por incompetencia o por sectarismo, el Gobierno de Sánchez no hizo nada; prefirió ahorrarse 200 euros mensuales, comprando pulseras defectuosas, a proteger la vida de miles de mujeres víctimas de violencia. Esto es una irresponsabilidad mayúscula que exige explicaciones", ha sostenido.
Por eso, desde la Comunidad de Madrid se ha exigido que se cambien e estos dispositivos que no funcionan, y se atienda de inmediato a las mujeres afectadas, para que este problema no vuelva a producirse.
También piden que se haga público el número de mujeres que han estado en riesgo por las anomalías detectadas en los dispositivos y se informe de las absoluciones o sobreseimientos a maltratadores por no poder acceder a la información telemática.
"Sánchez tiene que asumir responsabilidades. Y su ministra de Igualdad ya está tardando en dimitir. Esto es otra una chapuza -como la 'Ley del Sí es Sí'- del Gobierno que presumía de ser el más feminista de la democracia, y es el que más daño ha hecho a las mujeres", ha reprochado.