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La Comunidad reclama más medios al Gobierno tras el asesinato de una joven en Villaverde
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha exigido este martes a la Delegación del Gobierno un refuerzo inmediato de los recursos destinados a la seguridad ciudadana, tras el asesinato de una mujer de 21 años en una vivienda del distrito de Villaverde.
La expareja de la víctima, un hombre español de 30 años con antecedentes y denuncias previas, ha sido detenido como presunto autor del apuñalamiento mortal.
El suceso ha conmocionado al vecindario y ha reabierto el debate sobre la eficacia de los instrumentos de protección a las víctimas. Junto al cuerpo de la joven fue encontrado un bebé de tan solo 15 meses, según han informado fuentes conocedoras de la investigación. La Policía Nacional trata el caso como un posible crimen de violencia contra la mujer, lo que, de confirmarse, lo convertiría en el segundo asesinato de estas características en la región madrileña en lo que va de año.
En declaraciones a los medios desde la estación de Metro de Ópera, García Martín ha condenado enérgicamente los hechos y ha reclamado al Gobierno central mayor implicación. “Una vez más le volvemos a pedir a la Delegación del Gobierno que no caiga en la autocomplacencia, que siga poniendo medios para reforzar la seguridad”, ha manifestado el también portavoz del Ejecutivo autonómico.
El consejero ha denunciado la ineficacia de algunas de las medidas implementadas por el Ejecutivo central, como las pulseras de seguimiento para agresores reincidentes. “Tristemente hemos visto como algunos de los medios que ha puesto el Gobierno central han sido medios fallidos con esas pulseras que no han funcionado, con esas pulseras que han desprotegido a muchísimas mujeres”, ha afirmado.
Desde la Comunidad de Madrid se insiste en que la prevención de estos crímenes no puede depender de mecanismos que ya han demostrado su insuficiencia, sino que requiere una política de seguridad efectiva y coordinada entre administraciones, con especial atención a los casos que arrastran antecedentes y denuncias previas.
