La Comunidad de Madrid acusa al Ejecutivo de Sánchez de cubrir la mitad de las plazas judiciales necesarias en la región

La Comunidad de Madrid acusa al Ejecutivo de Sánchez de cubrir la mitad de las plazas judiciales necesarias en la región

La Comunidad de Madrid ha lamentado que el Gobierno central anuncie la creación de tan sólo la mitad de los jueces que necesita la región, ya que según la última Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) hacen falta al menos 142 nuevos y han sido 69 las plazas anunciadas este lunes por el Ejecutivo central.

En concreto, la Memoria de 2024 subrayaba "la necesidad crítica de incrementar la plantilla judicial para hacer frente a la elevada carga de trabajo y el volumen de asuntos que desbordan los juzgados madrileños".

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha denunciado, en declaraciones difundidas a los medios, que "las plazas anunciadas resultan insuficientes".

"En caso de crearse, lo que está por ver al no contar con presupuestos, espero que se cubran en convocatoria pública por jueces de carrera que accedan bajo los principios de transparencia, mérito y capacidad y no a la manera que pretende el ministro Bolaños y el Presidente Sánchez", ha ahondado.

En este sentido, García Martín ha insistido en que "el pasado 13 de mayo, el consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, lo que ha supuesto un nuevo intento de control de la carrera judicial, relegando los principios de mérito y capacidad en el acceso a la judicatura y posibilitando la entrada por la puerta de atrás de jueces sustitutos e interinos que sean más del gusto del Gobierno de Sánchez".

Además, ha recordado que "sigue sin resolverse la financiación de la mal llamada Ley de Eficiencia que han adelantado las comunidades autónomas, un hecho reclamado desde el Gobierno regional y sin respuesta por parte del ministro Félix Bolaños".

"Una norma aprobada sin consensuarla con el Poder Judicial, y sin negociarla con las comunidades autónomas, precipitada en su implantación y que encarece el acceso a la Justicia a los ciudadanos", ha subrayado en consejero.