El alcalde de Morata de Tajuña, Fernando Villalain González, ha anunciado su dimisión como regidor alegando motivos personales y políticos, al considerar que en este momento no es “la mejor opción” para liderar el proyecto que desea para su pueblo. El anuncio llega días después de que un juez acordara abrir juicio por un presunto delito de prevaricación administrativa en relación con la contratación y uso de una gradería desmontable municipal sin el respaldo técnico exigido por ley.
Villalain, del Partido Popular, ha comunicado su decisión a través de un vídeo difundido por las redes sociales del Ayuntamiento, donde ha agradecido el respaldo de los vecinos, del Partido Popular y, de forma especial, el apoyo personal de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. “Me voy con la tranquilidad de haber dado todo lo que estaba en mi mano, con aciertos y errores, pero siempre con la intención sincera de servir a Morata con respeto, honestidad y responsabilidad”, ha afirmado.
El ya exalcalde ha defendido su gestión municipal como cercana y centrada en el interés general, pero reconoce que las circunstancias actuales han mermado su ánimo y energía, impidiéndole continuar con la fuerza necesaria. “No concibo una política municipal basada en ataques personales, infundios y denuncias sin base real ni legal”, ha asegurado, insistiendo en que su marcha se debe a un acto de responsabilidad y amor por su pueblo.
Villalain ha reiterado que la decisión de abandonar el cargo estaba tomada desde hace meses, y que Morata de Tajuña necesita ahora “fuerzas renovadas, ilusión nueva y energía plena” para afrontar los desafíos presentes y futuros. Ha aprovechado para mostrar su gratitud hacia su partido por el respaldo recibido a lo largo de su etapa en el gobierno local.
El origen de su salida se encuentra en una causa judicial abierta en diciembre, cuando un juez acordó continuar por procedimiento abreviado una investigación penal por posibles irregularidades en la contratación de una gradería desmontable. El proyecto, presupuestado en más de 390.000 euros y adjudicado a la empresa Plazas de Toros Ocón S.L., fue instalado y utilizada en los festejos de septiembre de 2024 sin que existiera un proyecto de ejecución aprobado, tal y como han confirmado informes técnicos municipales.
El procedimiento incluye declaraciones del arquitecto municipal, quien habría emitido informes desfavorables durante la ejecución de la obra y habría sido apartado de la supervisión. A fecha de marzo de 2025, el proyecto seguía sin estar debidamente aprobado, lo que refuerza las sospechas sobre un posible delito de prevaricación administrativa.