Las comunidades y ciudades autónomas gobernadas por el Partido Popular han enviado una carta conjunta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para reclamar, con carácter urgente, la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, con el objetivo de abordar la situación del lobo.
La petición se formula al amparo del artículo 12 del reglamento del órgano colegiado y responde, según ha explicado la Junta de Castilla y León, a la negativa del Ministerio a celebrar una sesión extraordinaria tras cancelar de forma unilateral la reunión previamente fijada.
La misiva, firmada por los consejeros responsables de medio ambiente de Castilla y León, Galicia, Andalucía, Madrid, Murcia, La Rioja, Aragón, Comunidad Valenciana, Cantabria, Extremadura, Baleares, Ceuta y Melilla, califica de “arbitraria e injustificada” la suspensión de la Conferencia prevista para el 22 de julio. También denuncian que el Ministerio ha ignorado la solicitud de convocatoria planteada por un número de comunidades superior al exigido reglamentariamente.
Uno de los principales puntos de fricción es el argumento esgrimido por el Ministerio: el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Defensor del Pueblo. Según el comunicado de las comunidades, dicho recurso no afecta al contenido del informe sexenal sobre el estado de conservación del lobo ni incluye medidas cautelares que impidan la aplicación de la Ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario.
Las autonomías recuerdan que el informe sexenal, requerido por la Directiva Hábitats, debe aprobarse antes del 31 de julio, con independencia de que el lobo esté clasificado como especie protegida.
Asimismo, advierten de que en la propuesta de orden del día también se incluían cuestiones urgentes, como la distribución de fondos de los programas PIMA Cambio Climático y Especies Críticas 2025. Estos recursos son considerados esenciales para ejecutar inversiones en biodiversidad.
En caso de que la solicitud no sea atendida en un plazo de dos días hábiles, las comunidades firmantes se reservan el derecho de emprender las acciones legales oportunas para salvaguardar sus competencias y el cumplimiento de la legalidad vigente.
El orden del día planteado por las autonomías contempla los siguientes puntos: acuerdo sobre la distribución territorial del programa PIMA Cambio Climático, reparto de fondos para la conservación de Especies Críticas y aprobación del informe sexenal de la Directiva Hábitats.