Sánchez se aferra a la legislatura pese a la corrupción, la falta de presupuestos y su aislamiento parlamentario
El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado este lunes su intención de agotar la legislatura hasta 2027, descartando cualquier adelanto electoral a pesar de los múltiples escándalos que cercan a su Ejecutivo y a su entorno político más próximo.
Desde La Moncloa, y en un tono triunfalista impropio del contexto que vive el país, ha reivindicado los cuatro años de mandato como norma constitucional, obviando su incapacidad para aprobar unos Presupuestos Generales del Estado y su dependencia cada vez más evidente de formaciones radicales como Junts.
Durante su comparecencia para hacer balance del curso político, el jefe del Ejecutivo ha vuelto a escudarse en los fondos europeos, a los que ha llegado a calificar como “otros presupuestos”, como si su mera existencia pudiera suplantar las funciones propias del Parlamento. Sánchez ha asegurado que presentará las cuentas públicas para 2026 e incluso ha anticipado una nueva ronda de negociaciones con sus socios habituales, incluyendo al prófugo Carles Puigdemont, con quien sigue decidido a mantener un encuentro político.
Pese a carecer de mayoría y verse sometido a un desgaste político y moral cada vez más profundo, Sánchez ha insistido en que su Gobierno representa una mayoría "en positivo", soslayando el hecho de que ni siquiera ha logrado sacar adelante unas cuentas públicas ni un apoyo parlamentario estable. Ha intentado maquillar su soledad política exhibiendo datos macroeconómicos que, si bien reflejan cierta mejora coyuntural, poco dicen de la realidad de millones de familias afectadas por la inflación, el deterioro de los servicios públicos y la creciente inseguridad jurídica.
En su intervención, el presidente ha tratado de desviar la atención de los casos de corrupción que afectan a miembros de su partido, realizando una escueta mención al conocido como ‘caso Koldo’, que ha salpicado a figuras clave del PSOE como Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Lejos de ofrecer explicaciones claras o asumir responsabilidades políticas, Sánchez ha preferido refugiarse en el anuncio de un plan anticorrupción que, a día de hoy, no ha evitado que asesores sin formación ni control sigan ocupando puestos clave en la administración por libre designación.
Mientras asegura estar "en el Ecuador" de una legislatura cada vez más desgastada, Sánchez sostiene que su agenda reformista sigue en marcha y que “la economía y el empleo van bien”. Sin embargo, se niega a aclarar qué hará si no consigue aprobar los presupuestos para 2026, limitándose a afirmar que su Gobierno “va a pelear” por sacarlos adelante, mientras reduce la acción política al reparto de fondos europeos como si estos pudieran suplir la parálisis institucional.
Lejos de mostrar humildad ante un escenario de deterioro político sin precedentes, el presidente ha arremetido contra el Partido Popular, acusándolo de pedir elecciones desde hace siete años y tachándolo de “disco rayado”. Sánchez se presenta como la única alternativa posible al frente del país, pese a que su Gobierno no goza de respaldo mayoritario ni en las urnas ni en el Congreso, y se mantiene exclusivamente por su disposición a pactar con cualquiera, incluso con aquellos que atacan la unidad nacional y la legalidad constitucional.
