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Gómez recurre su imputación por malversación y tacha de “excesivo” el acceso a sus correos
La defensa de Begoña Gómez, esposa del Presidente del Gobierno, ha presentado dos recursos ante la Audiencia Provincial de Madrid para impugnar tanto su imputación por malversación como la orden judicial que permite a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acceder a todos los correos electrónicos enviados y recibidos desde su cuenta oficial en Presidencia desde julio de 2018.
En los escritos, el abogado de Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, denuncia que la providencia firmada por el juez Juan Carlos Peinado “carece de cualquier motivación” y que la medida es desproporcionada, al abarcar más de ocho años de correspondencia oficial sin delimitar el contenido a investigar. Asegura que esta decisión vulnera derechos fundamentales de su representada y califica de “exorbitante” el análisis generalizado de correos, documentos y archivos personales.
Camacho insiste en que el acceso a este tipo de información solo puede autorizarse si se concreta su relevancia en relación con los hechos investigados, y subraya que la providencia no justifica el alcance ni el tipo de material a examinar. A su juicio, el auto incurre en una grave indefinición que afecta al derecho a la tutela judicial efectiva.
La defensa también recurre directamente el auto de imputación por malversación, dictado en relación con la contratación de Cristina Álvarez como asesora de Gómez en Presidencia. Si bien admite que la Audiencia no resolverá el recurso antes de la citación prevista para el 10 de septiembre, ha querido dejar constancia formal de que “nada justifica esta nueva declaración”, tras haber sido ya citada tres veces por el juez instructor.
Gómez compareció en dos ocasiones anteriores acogida a su derecho a no declarar y en una tercera ocasión respondió únicamente a las preguntas de su defensa. Ahora, el juez la vuelve a citar bajo la sospecha de que pudo haberse producido un delito de malversación por la contratación de Álvarez, una acusación que el abogado considera “difícil de sostener”.
Camacho defiende que dicha asesora ejercía funciones logísticas y de apoyo en el marco del protocolo habitual para el cónyuge del jefe del Ejecutivo, como la coordinación de agenda, preparación de reuniones y asistencia en desplazamientos. Añade que su inclusión en ciertos correos electrónicos era meramente funcional y no implica la existencia de una conducta delictiva.
Sobre los correos en los que Álvarez transmite mensajes personales en nombre de Gómez, la defensa sostiene que estos no constituyen malversación, ya que se enmarcan en las funciones habituales del cargo. “La realización de un favor a una persona con la que se mantiene una relación de amistad no puede interpretarse como malversación de caudales públicos”, afirma.
El abogado también desmonta el resto de acusaciones que pesan sobre Gómez en las distintas ramas de la causa, entre ellas tráfico de influencias, intrusismo, corrupción entre particulares y apropiación indebida de marca, alegando que no guardan ninguna relación con el presunto delito de malversación que motiva su nueva imputación.
