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La Audiencia de Madrid avala investigar llamadas vinculadas a Begoña Gómez pero excluye las relativas a Air Europa
La Audiencia Provincial de Madrid ha respaldado parcialmente la decisión del juez Juan Carlos Peinado de reclamar los registros telefónicos de Cristina Álvarez, asesora en Moncloa de Begoña Gómez, en el marco de la causa abierta contra la esposa del Presidente del Gobierno.
Los magistrados autorizan indagar en sus contactos con la Universidad Complutense de Madrid, las empresas patrocinadoras de la cátedra que codirigía Gómez y el empresario Juan Carlos Barrabés, pero dejan fuera todo lo relativo a Globalia, Air Europa y el África Center.
Así lo establece un auto hecho público este viernes, en el que la Sección 23 de la Audiencia estima de forma parcial el recurso de la defensa de Cristina Álvarez, al que se sumaron Begoña Gómez y la Fiscalía, contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. La defensa argumentaba que la medida era nula por haberse adoptado cuando Álvarez aún era testigo, no investigada, y que se había utilizado de forma ilícita información obtenida en su declaración anterior.
Sin embargo, el tribunal rechaza esa nulidad y mantiene su condición de investigada, insistiendo en que el juez instructor puede adoptar medidas acordes con los principios de proporcionalidad, necesidad y especialidad. Precisa, eso sí, que los registros telefónicos deben limitarse estrictamente al objeto de la investigación, excluyendo aquellos relacionados con el rescate de Air Europa y otras entidades ya descartadas en resoluciones anteriores.
En este sentido, la Audiencia recuerda que ya había advertido a Peinado de que debía apartar de esta causa las pesquisas sobre el rescate público de la aerolínea, lo que ha reiterado al analizar el alcance de las diligencias solicitadas a la Guardia Civil, a través de su Unidad Central Operativa.
El auto también se pronuncia sobre la obtención del número de teléfono de Cristina Álvarez, que se conoció durante su declaración como testigo y cuya validez había sido puesta en entredicho por la defensa. Los magistrados consideran que, al tratarse de una línea oficial de Moncloa, ese dato podía haberse conseguido por otras vías, por lo que no procede anular la diligencia por ese motivo.
Asimismo, subrayan que la identificación de contactos telefónicos de un dispositivo oficial es una medida con afectación “mínima” a la intimidad y plenamente justificada en el contexto de una investigación judicial.
La Audiencia de Madrid tiene aún pendientes de resolver cerca de una decena de recursos relacionados con esta causa. Entre ellos se encuentra el que impugna directamente la imputación de Begoña Gómez por un presunto delito de malversación, sobre el cual ya se ha deliberado, aunque la resolución no se ha hecho pública por el momento.
