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¿Quién es quién en el juicio al fiscal general?
El Tribunal Supremo ha comenzado este lunes 3 de noviembre el juicio contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos relacionado con el empresario Alberto González Amador, pareja de la Presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso.
El proceso, que se extenderá hasta el 13 de noviembre, implica a decenas de protagonistas clave en el mundo judicial, político y mediático. Estas son las figuras centrales del caso:
Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado
Está acusado de haber filtrado a la Cadena Ser un correo confidencial enviado a la Fiscalía por el abogado de González Amador, Carlos Neira. El instructor del caso considera que impulsó personalmente la entrega de esta información a los medios para contrarrestar una publicación de El Mundo que responsabilizaba a la Fiscalía de haber ofrecido un pacto al empresario. García Ortiz ha negado de forma tajante haber filtrado el contenido, aunque la investigación apunta al uso de su correo personal y al borrado de datos como indicios incriminatorios.
Alberto González Amador, empresario y denunciante
Presentó la querella que dio origen al proceso. Asegura que autorizó a su abogado a negociar con la Fiscalía, pero no a enviar el correo en el que se ofrecía a reconocer delitos fiscales. Dijo haber reenviado a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, los correos intercambiados con la Fiscalía, aunque dejó en sus manos la difusión mediática. Su principal preocupación era evitar un escándalo que perjudicara a la presidenta regional.
Carlos Neira, abogado de González Amador
Envió el correo que detonó el caso, ofreciendo un acuerdo con la Fiscalía para evitar la cárcel a cambio de que su cliente admitiera dos delitos fiscales. Afirmó que González Amador le autorizó a explorar un pacto, aunque no le avisó antes de remitir el correo que acabó filtrado. También aclaró que no participó en su difusión.
Julián Salto, fiscal del caso
Responsable de delitos económicos en Madrid, fue quien recibió y respondió los correos de Neira. La noche del 13 de marzo, tras la publicación en prensa, la jefa de la Fiscalía Provincial, Pilar Rodríguez, le pidió reenviar toda la cadena de mensajes. Salto los compartió con ella y con la fiscal superior Almudena Lastra. Luego llegaron al correo personal de García Ortiz.
Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid
Aunque fue procesada junto a García Ortiz, la Sala de Apelación la exoneró. Se concluyó que actuó por orden jerárquica al remitir los correos al fiscal general y que no participó en la redacción de la nota de prensa emitida por la Fiscalía. Un mensaje suyo al fiscal general en el que hablaba de “añadir cianuro” fue considerado un simple desahogo, no una prueba de concertación.
Almudena Lastra, fiscal superior de la Comunidad de Madrid
Fue quien advirtió de los riesgos de la filtración y de que no era necesario reclamar la cadena completa de correos. Aseguró haber preguntado directamente a García Ortiz si había sido él quien filtró la información. Según su testimonio, este respondió: “Eso no importa ahora, lo importante es sacar la nota”. El fiscal general niega haber dicho eso.
Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso
Reconoció ante el Supremo haber recibido de González Amador el correo en el que la Fiscalía aceptaba la posibilidad de un pacto. Afirmó que fue autorizado a difundirlo a la prensa, lo que hizo tras la publicación de El Mundo. Su papel ha sido clave para esclarecer la comunicación entre la defensa y el entorno de la presidenta.
Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica
Reclamó por orden del fiscal general la documentación del caso el 7 de marzo. Fue investigado pero finalmente exonerado. Declaró que más de 550 personas tenían acceso al expediente, lamentando la “quiebra de seguridad” dentro de la Fiscalía. Negó haber filtrado información y limitó su actuación al análisis técnico.
Jefes de prensa de la Fiscalía General y Provincial
Ambos declararon que no tuvieron acceso previo a los correos electrónicos y negaron cualquier implicación en la filtración. Sus declaraciones se centraron en explicar las gestiones que llevaron a la elaboración del comunicado oficial del 14 de marzo.
Francesc Vallés, Pilar Sánchez Acera y Juan Lobato
Los tres están relacionados con el canal político por el que se movió el correo filtrado. Sánchez Acera, ex asesora de Moncloa, habría enviado el correo a Juan Lobato, exlíder del PSOE madrileño, para usarlo contra Ayuso en la Asamblea de Madrid. Lobato pidió conocer su origen y expresó temor a que pareciera que venía directamente de la Fiscalía. Vallés, ex secretario de Estado de Comunicación, también fue consultado por Lobato al no obtener respuesta de Sánchez Acera.
Una docena de periodistas
Entre los testigos citados están los redactores que informaron sobre las supuestas negociaciones entre González Amador y la Fiscalía. Destaca el periodista de El Mundo cuya publicación dio origen a la crisis y el de la Cadena SER, presunto receptor directo de la filtración.
El juicio pone en el centro de la atención pública el papel del máximo representante del Ministerio Fiscal en un caso con implicaciones judiciales, políticas y mediáticas que afecta directamente a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Lo que está en juego no es solo la legalidad de una filtración, sino la credibilidad institucional de la Fiscalía General del Estado.
