González Amador acusa al fiscal general de haberle "matado públicamente" con una filtración

Alberto González Amador, pareja de la Presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este martes al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de haberle “matado públicamente” tras la presunta filtración de un correo electrónico que lo señalaba como autor confeso de delitos fiscales.

En su declaración ante el Tribunal Supremo, González Amador ha denunciado que, a raíz de la divulgación de dicho documento, su imagen pública quedó destruida y pasó a ser considerado “el delincuente confeso del Reino de España”.

El juicio, que se celebra en la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, busca determinar si García Ortiz incurrió en un delito al facilitar presuntamente a la 'Cadena SER' el contenido de un correo enviado el 2 de febrero de 2024 por Carlos Neira, abogado de González Amador, a la Fiscalía. En ese mensaje, la defensa ofrecía un acuerdo para que su cliente reconociera los hechos y así evitar una eventual pena de prisión.

González Amador no solo ha centrado su acusación en la supuesta filtración del correo, sino también en la nota de prensa publicada por la Fiscalía General del Estado el 14 de marzo de ese mismo año, en la que se detallaban los intercambios entre su defensa y el fiscal encargado del caso, Julián Salto. Para el empresario, esa exposición pública provocó un daño irreversible a su honor y reputación.

“Desde ese momento, yo estaba muerto. El señor García Ortiz me había matado públicamente. Me había destrozado”, ha declarado ante los magistrados, visiblemente afectado. Ha insistido en que nunca llegó a firmar acuerdo alguno ni a reconocer oficialmente los hechos, pero que la difusión de esas comunicaciones procesales lo colocó en el centro de una tormenta mediática y política.

El caso ha adquirido una dimensión política de primer orden al implicar directamente al entorno personal de Isabel Díaz Ayuso, una de las figuras más relevantes del actual panorama político nacional. La presidenta madrileña ha denunciado en varias ocasiones lo que considera una persecución orquestada desde instancias del Gobierno central y la Fiscalía para dañar su imagen a través de su pareja.

El juicio contra el fiscal general, nombrado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, ha reavivado el debate sobre la utilización partidista de las instituciones del Estado y el respeto al debido proceso. La defensa de González Amador sostiene que se vulneró su derecho a la intimidad y a la presunción de inocencia mediante una maniobra que, a su juicio, tenía una finalidad política más que jurídica.