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González Amador pide al Supremo duplicar la fianza al fiscal general por daños morales continuados
Alberto González Amador, pareja de la Presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado al Tribunal Supremo que eleve a 300.000 euros la fianza impuesta al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, en el procedimiento abierto por la presunta filtración de información que afectó al empresario.
La petición, presentada ante el magistrado instructor Ángel Hurtado, se fundamenta en la supuesta persistencia de un “relato político” que, según afirma, continúa vulnerando sus derechos fundamentales de forma diaria.
En el escrito, la acusación particular sostiene que “los daños morales padecidos por Alberto González Amador y su entorno familiar directo” no han cesado desde el pasado 14 de marzo de 2024, fecha en que la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado detallando correos electrónicos entre la defensa del empresario y el fiscal que lo investigaba por delitos fiscales.
Según la defensa de González Amador, desde entonces no ha pasado un solo día sin que se le califique públicamente como “delincuente confeso” o “defraudador confeso” en medios de comunicación, a menudo en boca de políticos o tertulianos, “con el ministro de Justicia a la cabeza”. Este señalamiento constante, afirman, es fruto directo del comportamiento del fiscal general y de su supuesta voluntad de construir un relato mediático con fines políticos.
El abogado del empresario sostiene que la actuación del fiscal general ha desbordado los límites constitucionales de su función, acusándole de “transformar en delictiva la misión constitucional del Ministerio Público” con el objetivo de alimentar un discurso político. A su juicio, se trata de una violación sin precedentes en el sistema jurídico y constitucional español: “Jamás ha existido una vulneración de los derechos fundamentales de un ciudadano tan intensa, lesiva y significativa derivada del comportamiento del entonces fiscal general del Estado”, reza el recurso.
La acusación considera que la cuantía fijada inicialmente, de 150.000 euros, no guarda proporción con el daño infligido, al tratarse de una lesión “continuada y actualizada diariamente”. En consecuencia, solicita que se duplique el importe fijado como fianza a Álvaro García Ortiz, hasta alcanzar los 300.000 euros.
