El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha negado este lunes ser el responsable de la filtración del correo electrónico relativo al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, en la primera jornada del juicio que se celebra en el Tribunal Supremo. “No”, ha respondido de forma escueta al ser preguntado por el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, sobre si se consideraba autor del delito que se le imputa.
García Ortiz está acusado de haber facilitado a la Cadena Ser el correo enviado el 2 de febrero de 2024 por el abogado de González Amador, Carlos Neira, a la Fiscalía, en el que ofrecía un pacto para reconocer dos delitos fiscales a cambio de evitar la cárcel. El supuesto envío se habría producido la noche del 13 de marzo, tras la publicación de una noticia en El Mundo que responsabilizaba a la Fiscalía de haber iniciado el ofrecimiento.
La Abogacía del Estado, encargada de la defensa del fiscal general, ha cargado contra la instrucción del juez Ángel Hurtado, a quien ha acusado de haber dirigido la investigación con una “idea preconcebida de culpabilidad”. La letrada Consuelo Castro ha cuestionado el secreto de las actuaciones, los registros ordenados en la sede de la Fiscalía y el despacho de Pilar Rodríguez, y ha presentado un informe pericial rechazado durante la instrucción que, según ha dicho, demuestra que no puede acreditarse qué mensajes fueron borrados del teléfono móvil del fiscal general, principal indicio de la acusación.
Desde el otro extremo, las acusaciones —entre ellas la que ejerce el abogado de González Amador, Gabriel Ramos— han defendido que la investigación ha sido “modélica”, rechazando que se hayan vulnerado derechos del acusado. Ramos ha acusado a la defensa de presentar quejas genéricas sin impugnaciones concretas durante la instrucción y ha criticado la inclusión “tardía” de una pericial que, según su visión, pretende debilitar la prueba del borrado del móvil.
Durante la tarde comenzaron las declaraciones de los testigos clave. Julián Salto, el fiscal que investigaba a González Amador, confirmó que la orden de García Ortiz de enviar los correos era legal, pero mostró incomodidad por las instrucciones contradictorias que recibió de Pilar Rodríguez y Almudena Lastra. Según relató, Rodríguez le urgió a entregar la información esa misma noche, mientras que Lastra consideraba que podía esperar al día siguiente.
Lastra confirmó este punto y aseguró haber advertido del riesgo de filtración al ver cómo se reenviaban los correos en cadena. Según su declaración, la mañana del 14 de marzo llamó al fiscal general y le preguntó directamente si había sido él quien filtró. “Eso no importa ahora”, habría contestado García Ortiz, una frase que, dijo, se le quedó “grabada en el alma”.
Pilar Rodríguez, por su parte, negó que existiera clandestinidad y sostuvo que su actuación se limitó a informar al fiscal general de lo ocurrido. Describió la advertencia de Lastra como un “exabrupto” y defendió que todos los implicados tenían conocimiento del caso desde días antes.
Diego Villafañe, miembro de la Secretaría Técnica de la Fiscalía y hombre de confianza del fiscal general, intervino para defender a García Ortiz. Aseguró que las órdenes de recabar información eran habituales y arremetió contra Lastra, a quien atribuyó “animadversión” hacia el fiscal general. A su juicio, resulta “curioso” que la jefa de la Fiscalía Superior ironizase sobre la posibilidad de filtraciones cuando la institución venía de varios episodios recientes similares.
Villafañe también afeó a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que no recogiera en sus informes que el 8 de marzo de 2024 se activó la “dación de cuentas” en Fiscalía por posibles querellas contra la esposa del Presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Aseguró que ese tipo de notificaciones se hace con total transparencia y descartó cualquier irregularidad.
El juicio continúa en el Supremo con la declaración de testigos clave y la confrontación directa entre las distintas facciones del Ministerio Fiscal, en una causa que no solo cuestiona la actuación del fiscal general del Estado, sino que deja al descubierto profundas divisiones dentro de la propia Fiscalía.