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Visto para sentencia el juicio contra el fiscal general por la presunta filtración contra González Amador
Este jueves ha concluido el juicio en el Tribunal Supremo (TS) contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por su presunta implicación en la filtración a los medios sobre Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El tribunal ha cerrado el caso tras una última sesión intensa que ha puesto fin a seis días de juicio celebrados en dos semanas, con más de 40 testigos citados, incluyendo al propio García Ortiz y González Amador.
El juicio se ha centrado en la presunta filtración de un correo electrónico enviado el 2 de febrero de 2024 por la defensa de González Amador al fiscal del caso, Julián Salto, donde se ofrecía el reconocimiento de dos delitos fiscales a cambio de evitar la cárcel. La filtración habría ocurrido la noche del 13 de marzo de 2024, cuando dicho correo fue revelado a la 'Cadena Ser'. También se ha discutido una nota de prensa publicada por la Fiscalía al día siguiente, desmintiendo la versión de un acuerdo de conformidad con el fiscal Salto que había sido publicada previamente en el Diario El Mundo.
"Visto para sentencia y despejen la sala", expresó el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, dando por concluida la vista, que ha dejado en el aire el futuro de García Ortiz, quien se enfrenta a una pena de hasta seis años de prisión, doce años de inhabilitación y una multa de más de 400.000 euros, entre indemnizaciones y sanciones.
En su intervención final, el abogado defensor del fiscal general, José Ignacio Ocio, defendió la inocencia de García Ortiz, subrayando la "gravedad" de las acusaciones que recayeron sobre la Fiscalía en los días previos a la filtración. Ocio apuntó además que fue el propio González Amador quien, en una conversación con un periodista el 13 de marzo, reveló la existencia de las negociaciones de conformidad, lo que hizo perder la reserva del asunto y, por ende, la posibilidad de considerarlo como un "secreto".
Por su parte, el abogado de González Amador, Gabriel Rodríguez Ramos, argumentó que existen pruebas directas que vinculan a García Ortiz con la filtración del correo electrónico y que el fiscal general habría utilizado a los medios para obtener una "cobertura legal" y difundir una imagen de condena pública del empresario. Según Rodríguez Ramos, la difusión del contenido del correo implicaba una condena anticipada y dañaba seriamente la imagen de su cliente, que fue sometido a lo que calificó de una "sentencia popular" orquestada por una "maquinaria de comunicación" impulsada por el Gobierno.
El abogado también denunció los perjuicios personales y económicos sufridos por González Amador debido a la exposición mediática del caso, y subrayó que esta situación ha influido en la percepción pública, más allá de los aspectos legales vinculados al fraude fiscal que se le imputa.
