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El juez Peinado prorroga hasta abril de 2026 la investigación a Begoña Gómez por cinco delitos
El juez Juan Carlos Peinado ha acordado prorrogar hasta el mes de abril de 2026 la investigación que dirige contra Begoña Gómez, esposa del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo profesional y malversación de caudales públicos. La decisión, formalizada en un auto judicial, se justifica por la existencia de "numerosas diligencias pendientes de resolver" que impiden cerrar la causa en el plazo previsto inicialmente.
La prórroga de la instrucción se aplicará a partir del 16 de octubre de 2025, cuando se cumple el primer año y medio de la investigación, abierta en abril de 2024 a raíz de la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias. El nuevo plazo lleva el procedimiento hasta mediados de abril de 2026, coincidiendo con el límite máximo legal de dos años para las diligencias previas.
En la misma resolución, el juez se hace eco de una advertencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que le recuerda que todos los delitos investigados están conectados y, por tanto, deben examinarse en una única pieza. El auto corrige así una decisión anterior, tomada en marzo, cuando el magistrado había acordado separar la acusación por malversación.
Entre las diligencias pendientes, el magistrado sigue a la espera de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remita varios informes relacionados con los convenios firmados entre la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y el Máster de Transformación Social Competitiva, codirigido por Gómez. El juez ha solicitado que se analicen estos acuerdos en comparación con otras cátedras extraordinarias similares.
Además, el juzgado ha requerido a empresas tecnológicas como Minsait, Flat 101, Google, Devoteam y Telefónica la entrega de repositorios vinculados al máster, documentación que ya se ha trasladado a la UCO para su análisis. También está pendiente la respuesta de la Escuela de Gobierno de la UCM y de Amazon EU, que deben aportar correos electrónicos emitidos y recibidos desde los dominios del máster investigado.
Por otro lado, el magistrado ha solicitado a la Presidencia del Gobierno que informe sobre las personas que han ocupado el cargo de secretario general desde julio de 2018, así como sobre quienes han autorizado o tramitado retribuciones a la asesora Cristina Álvarez, persona próxima a Gómez. También se ha pedido el acceso a los correos electrónicos enviados y recibidos desde la cuenta oficial asignada a la esposa del presidente.
El juez mantiene en la causa, además de Gómez, a otros tres investigados: Cristina Álvarez, el empresario Juan Carlos Barrabés y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Todos ellos fueron informados de que, en caso de apertura de juicio oral, serán juzgados por un jurado popular, al tratarse de delitos atribuidos a ciudadanos particulares.
Peinado advierte en su auto que, dada la cantidad y complejidad de las diligencias en curso, resulta “difícilmente” viable que se puedan concluir antes del próximo 16 de octubre, lo que hace necesaria la prórroga. La causa suma así un año más de instrucción bajo la dirección de un juez que afrontará en 2026 su último año antes de jubilarse, ya que alcanzará en septiembre los 72 años, edad máxima permitida en la carrera judicial.
