El juez Peinado reclama al Instituto de Empresa los correos intercambiados con la asesora de Begoña Gómez

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha solicitado al Instituto de Empresa (IE) que remita a la mayor brevedad los correos electrónicos intercambiados entre Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en Moncloa, y responsables del África Center, durante el periodo en que la esposa del presidente del Gobierno dirigió dicho organismo. El requerimiento se enmarca en una diligencia que pretende aclarar si Álvarez, en su calidad de trabajadora de Presidencia, realizó funciones privadas vinculadas a Gómez, lo que podría suponer una utilización indebida de recursos públicos.

La documentación será analizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tal como ha ordenado el juez. Esta diligencia se circunscribe a una pieza separada dentro del procedimiento principal en el que se investiga a Gómez por posibles delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida de marca.

La pieza separada abierta por Peinado avanza en paralelo a la causa principal, y ya incluye más de 200 correos aportados por Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), en relación con la actividad de la cátedra que codirigía Begoña Gómez. Según fuentes jurídicas, únicamente 121 de esos correos estarían relacionados con cuestiones de agenda y organización académica, y por el momento no revelarían indicios de malversación. La UCO tiene aún pendiente el análisis de estos mensajes, recibidos en sede judicial el pasado 16 de septiembre.

En paralelo, el juez sigue a la espera de que Presidencia del Gobierno remita todos los correos electrónicos enviados y recibidos por Begoña Gómez desde su cuenta oficial en Moncloa desde julio de 2018, momento en que se designó a Álvarez como asesora. Esta diligencia ha sido recurrida tanto por la Fiscalía como por las defensas ante la Audiencia Provincial de Madrid, lo que podría retrasar su ejecución.

Hazte Oír pide más tiempo para investigar los vínculos de Gómez con empresas beneficiadasEn otra providencia, también firmada por Peinado, el magistrado ha solicitado a todas las partes procesales que se pronuncien sobre la posible ampliación del plazo de instrucción de la causa principal. Esta solicitud responde a una petición concreta de la acusación popular ejercida por la asociación Hazte Oír, que, en virtud del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, propone fijar un nuevo plazo para la finalización de la investigación.

El juez abrió esta causa en abril de 2024 tras la denuncia presentada por Manos Limpias, que acusaba a Begoña Gómez de utilizar su condición de esposa del presidente del Gobierno para beneficiar a determinados empresarios en procesos de licitación pública. Desde entonces, la investigación ha ido ramificándose, abordando aspectos como la gestión del software de la cátedra de la UCM que dirigía Gómez o la contratación de Cristina Álvarez, esta última única pieza formalmente separada del procedimiento principal.