Nacho Cano presenta una querella por prevaricación contra la jueza que instruyó el caso Malinche

El productor musical Nacho Cano ha presentado una querella contra la jueza Inmaculada Iglesias, titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, por la presunta comisión de un delito de prevaricación en la investigación abierta por supuestas irregularidades laborales en su espectáculo Malinche. La querella se produce tras el archivo provisional de la causa por parte de la Audiencia Provincial de Madrid, que concluyó que no existían indicios suficientes de delito.

La defensa del artista solicita que la magistrada sea investigada por un presunto delito de prevaricación, penado con multa e inhabilitación especial para empleo o cargo público de diez a veinte años. En el escrito judicial se alega que la instructora actuó con parcialidad y obstaculizó el derecho de defensa, al denegar diligencias esenciales y mantener la causa pese a los indicios exculpatorios.

Como prueba documental, la querella incluye la grabación de la declaración de la subinspectora de Trabajo que participó en la inspección realizada el 27 de junio de 2024. Este testimonio fue clave para el archivo del procedimiento, al poner en cuestión los fundamentos del atestado que sirvió de base a la detención de Cano.

La Audiencia Provincial consideró en su resolución que no hubo intención de introducir de forma clandestina a los ciudadanos mexicanos que participaron en el musical, y que no se observaban indicios de delitos contra los derechos de los trabajadores ni de los extranjeros. Además, advirtió del riesgo de incurrir en una investigación prospectiva impropia de la jurisdicción penal.

En la querella, la defensa del productor argumenta que el atestado policial partió de premisas erróneas, como la incorrecta calificación de los estudiantes mexicanos como trabajadores ilegales, y denuncia que las actuaciones policiales se dirigieron exclusivamente a justificar una detención sin base jurídica.

Los letrados afirman que existen hasta diecisiete denuncias relacionadas con coacciones, amenazas y falsificación documental que afectan al mismo procedimiento. Sin embargo, la jueza querellada habría rechazado las inhibiciones solicitadas por los juzgados donde se presentaron dichas denuncias, negando así una posible acumulación de causas que, según la defensa, permitiría esclarecer la dimensión completa de las irregularidades.

Asimismo, el escrito denuncia que la defensa ha enfrentado “serias dificultades” para ejercer su labor, por las constantes negativas a practicar pruebas que considera esenciales, y por una supuesta parcialidad de la instructora que, a juicio de Cano, vulnera su derecho fundamental a un proceso con todas las garantías, conforme al artículo 24 de la Constitución Española.