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La defensa de González Amador recurre la negativa judicial a practicar diligencias clave para su estrategia
La defensa de Alberto González Amador ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid tras la decisión del Juzgado de Instrucción número 19 de denegar la práctica de varias diligencias solicitadas en el marco de la causa abierta contra su cliente. González Amador está siendo procesado por la presunta comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública en concurso con un delito de falsedad documental.
El recurso, interpuesto por los abogados del acusado, se dirige contra el auto dictado el pasado 28 de mayo por la jueza Inmaculada Iglesias, cuyo juzgado ha sido asumido por el magistrado Antonio Viejo. En dicho auto se desestimó la petición de incorporar al proceso tres diligencias de instrucción que la defensa considera fundamentales para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de defensa.
Según se expone en el escrito de impugnación, las diligencias solicitadas consisten en un informe tributario y dos declaraciones testificales destinadas a aportar claridad sobre unas facturas vinculadas a servicios profesionales prestados en México y Costa de Marfil. La defensa insiste en que tales documentos permitirían acreditar la realidad de los servicios facturados y, por tanto, la inexistencia de falsedad documental, lo cual invalidaría la base misma de la acusación por delito fiscal.
En palabras de la representación legal, si se acredita que las facturas responden a servicios efectivamente prestados, "no sería posible considerar la concurrencia de delito fiscal". Además, sostienen que, incluso aceptando de forma meramente hipotética la falsedad de las facturas, los ajustes tributarios que no fueron realizados por la Agencia Tributaria imposibilitarían también la existencia del delito que se le imputa.
La defensa subraya que los testimonios solicitados no sólo acreditarían la prestación real de los servicios en Costa de Marfil, sino que demostrarían que esa información fue ignorada por la Agencia Tributaria, al no haber sido incorporada ni valorada en su expediente ni en el sumario judicial. A juicio de los letrados, esta omisión condiciona gravemente la interpretación fiscal de los hechos y vulnera el derecho del acusado a que se contemplen todos los elementos relevantes en su valoración procesal.
La resolución judicial que desestima la práctica de estas diligencias ha sido calificada por la defensa como un ataque directo a los principios fundamentales del proceso penal. "La negativa que integran las resoluciones que se recurren constituye la continuación en la destrucción absoluta y desaparición de los derechos fundamentales a defensa y a la presunción de inocencia de Alberto González Amador", señalan, advirtiendo que esta situación deja al acusado en un estado de completa indefensión.
