La Comunidad de Madrid ha reconocido oficialmente la gravedad del problema que supone la proliferación de jabalíes en la región.
A comienzos de abril, el Ejecutivo regional anunció un plan específico de control ante lo que ya califica como una situación "preocupante", con más de 35.000 ejemplares censados. Este aumento de población no es inocuo: se relaciona directamente con el incremento de accidentes de tráfico causados por fauna salvaje.
Según datos de la Fundación Artemisa, dedicada a la conservación y gestión de la fauna, en España la población de jabalíes se ha duplicado en los últimos diez años. Algunas zonas alcanzan una densidad de hasta 1,5 ejemplares por kilómetro cuadrado, lo que explica que dos tercios de los siniestros viales vinculados a fauna cinegética involucren a estos animales.
Pero los peligros no acaban en la carretera. La directora general de Biodiversidad y Gestión Forestal, Irene Aguiló, ha advertido de otras consecuencias negativas: daños en cultivos agrícolas, deterioro de parques y zonas verdes, e incluso ataques a animales domésticos y personas, incluidos menores.
Además, se ha puesto el foco en los riesgos que representan para la salud pública y la seguridad alimentaria, lo que ha llevado a adoptar una estrategia integral para reducir y gestionar la presencia de estos animales.
El plan diseñado por la Comunidad de Madrid se implementará en los próximos cinco años. Contempla acciones de control tanto en terrenos cinegéticos como en zonas periurbanas, donde la presencia de jabalíes es cada vez más habitual.
Asimismo, se intervendrá de manera específica en aquellos tramos viarios identificados como "puntos negros" por la Dirección General de Carreteras, con el objetivo de reducir los accidentes provocados por estos animales. El Gobierno regional también apuesta por intensificar la investigación para comprender mejor la dinámica de sus poblaciones y anticiparse a su expansión.
Como parte de este esfuerzo, el Ejecutivo madrileño declaró en abril el estado de "emergencia cinegética temporal" en diez comarcas —114 municipios— de la región. La medida busca prevenir accidentes por atropello y daños asociados al jabalí, y tendrá una vigencia inicial de un año, prorrogable en función de la evolución del problema.
Esta resolución autoriza la puesta en marcha de medidas extraordinarias de control en las zonas afectadas. Además, se ha remitido a los ayuntamientos implicados un protocolo de actuación que especifica las acciones a seguir ante incidentes y las herramientas disponibles para la ciudadanía.