Maíllo propone exigir experiencia laboral ajena a la política para acceder a cargos públicos

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha planteado la necesidad de que las instituciones reformen sus reglamentos para exigir a los cargos públicos la acreditación oficial de su titulación académica.

Según defendió, esta medida permitiría cerrar definitivamente la polémica sobre presuntas irregularidades en los currículos de dirigentes políticos.

Además, instó a todas las formaciones a incorporar como requisito previo a cualquier puesto institucional el haber desempeñado una actividad profesional o formativa fuera del ámbito político.

Transparencia en la acreditación académica

En una entrevista, Maíllo se refirió a la controversia generada por las acusaciones cruzadas entre partidos sobre datos falsos en los currículos de responsables públicos. Casos recientes como la dimisión de la exvicesecretaria del PP Noelia Núñez o del excomisionado del Gobierno para la reconstrucción de la DANA José María Ángel han reavivado este debate.

El dirigente señaló que la solución es sencilla: exigir a quienes aspiren a un cargo público la misma documentación que se pide a cualquier ciudadano que opta a un puesto en la Administración, es decir, la acreditación y copia de la titulación. Propuso que esta información se publique en las páginas web de las instituciones, igual que sucede con las declaraciones de bienes o el régimen de incompatibilidades.

Maíllo mostró su sorpresa ante la ausencia de este procedimiento en las principales instancias del país, cuando sí se exige para participar en concursos de oposición o procesos selectivos. A su juicio, esta medida acabaría con las “tentaciones de inflar o falsificar currículos” y reforzaría la transparencia.

Experiencia más allá de la política

Aunque defiende la acreditación académica, el líder de IU advirtió de que no debe confundirse la valía de un cargo con su nivel de estudios. Subrayó que la honestidad, el compromiso y la coherencia ideológica son cualidades esenciales, y recordó que muchas personas que no han podido cursar estudios superiores han desarrollado una labor política destacada.

En este sentido, lamentó la falta de perfiles procedentes del trabajo manual o de sectores ajenos a la política. Considera que esta ausencia distorsiona la representación social y favorece la profesionalización excesiva del oficio político.

Por ello, propone que los partidos regulen internamente la exigencia de haber trabajado o realizado una beca en otro ámbito antes de asumir responsabilidades institucionales. Según dijo, esta experiencia aporta conocimientos valiosos y permite comprender de primera mano las dificultades de la ciudadanía.

Maíllo concluyó que la legitimidad política debe reforzarse con trayectorias que incluyan vivencias laborales fuera de la esfera partidista, para garantizar que quienes gobiernan han compartido la realidad social de la población a la que representan.