Nueva tramitación de la Ley de Movilidad Sostenible por parte del Gobierno de España

El Gobierno ha vuelto a dar luz verde al anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible, después de que la anterior tramitación legislativa decayera con el cambio de legislatura, comprometiéndose ahora a aprobarla definitivamente antes de que acabe 2024 tras las incorporaciones parlamentarias.

Como ya anunció con anterioridad el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, la ley se presenta igual que en su anterior tramitación, por lo que abarca la entrada de la competencia en algunas líneas de autobús, la creación de un Sistema Nacional de Movilidad Sostenible o la tasa que los ayuntamientos podrán crear para cobrar a los vehículos al entrar a los centros de las ciudades, entre otras actuaciones.

En la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Ministros que ha aprobado la tramitación, Puente ha explicado que esta ley persigue cuatro objetivos principales: reconocer la movilidad como un derecho, descarbonizar el transporte, aumentar la eficiencia del gasto público y digitalizar el sector.

De esta forma, su ambición es ahorrar hasta 8.000 millones de euros en gastos públicos en una década, así como aumentar la productividad de las empresas en un 3% en ese mismo periodo de tiempo.

"Se pretende que nuestro país, que ya es un referente en materia de infraestructuras, tenga una movilidad a la altura, donde el transporte garantice el acceso a derechos como el trabajo, el ocio o la salud, respetando las competencias del resto de administraciones y alcanzando el consenso necesario con los grupos parlamentarios".

El ministro también ha detallado que la elaboración de esta ley responde a tres razones: su carácter económico --la movilidad supone el 13% del gasto de los hogares, 800.000 empleos y más del 5% del PIB--, la necesidad de declarar la movilidad como un derecho y la sostenibilidad y lucha contra el cambio climático.

El objetivo es aprobar el texto definitivo antes del 30 de diciembre de este año, fecha limite marcada en el marco de la entrega de los fondos europeos, un hito que está supeditado a la aprobación de esta ley.