Los inspectores de Hacienda alertan de que la financiación singular para Cataluña es inviable y exigen la dimisión de Montero

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha advertido este miércoles de que el acuerdo de financiación singular pactado entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña es "imposible" de aplicar en la práctica y supone el principio de la "desaparición del Estado" si se extiende al conjunto de comunidades autónomas. La organización ha vuelto a exigir la dimisión de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por lo que considera una cesión inaceptable y contraria a los principios básicos del sistema tributario nacional.

En un informe presentado en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid, los inspectores han alertado de que este modelo implicaría también la desaparición de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que quedaría "troceada" y "repartida" entre las distintas autonomías. Bajo su criterio, esta fragmentación rompería principios fundamentales de la Hacienda Pública como la existencia de una base de datos única, una caja común y un sistema integrado de retenciones.

El acuerdo contempla que Cataluña gestione el 100 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a partir de 2026, algo que para la IHE es "irrealizable". Alegan que no es factible conciliar la información contenida en una base de datos nacional con otra autonómica, lo que derivaría en graves dificultades para remitir datos fiscales a los contribuyentes y en una pérdida notable de agilidad en las devoluciones del impuesto. También se verían afectados los cruces de datos que permiten detectar riesgos fiscales, lo que supondría un retroceso en la eficacia del sistema.

Los inspectores han advertido de que la separación entre la Hacienda estatal y una Hacienda catalana independiente perjudicaría gravemente la lucha contra el fraude. La dispersión de los datos en dos sistemas distintos impediría alcanzar los niveles actuales de eficacia, lo que acabaría minando la capacidad del Estado para controlar y corregir irregularidades tributarias.

Aunque han evitado concretar cuánto podría dejar de ingresar el Estado si se implanta este modelo, han recordado que, según datos de 2022, los tributos gestionados en Cataluña representaron el 19,35 % del total nacional. Ese año, de los 255.463 millones de euros recaudados por el Estado, 49.434 millones provinieron de Cataluña. Para la IHE, permitir una gestión unilateral de tales recursos sin control desde la Administración central es, además de inviable, una amenaza directa a la unidad económica de la nación.