El Gobierno propone una formación de dos años antes de acceder a las plazas públicas de los grupos A-1 y A-2

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha presentado un nuevo modelo de selección para el acceso a la Administración pública que contempla una formación posobligatoria de dos años para los aspirantes a los grupos A-1 y A-2, antes de poder optar a una plaza. Así lo han anunciado el ministro Óscar López y la secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, durante la presentación del documento ‘Consenso para una Administración Abierta’, una hoja de ruta orientada a la modernización y digitalización del Estado.

El nuevo sistema supondrá un cambio sustancial respecto al modelo tradicional de oposiciones. Una vez superada la prueba de ingreso, los candidatos deberán cursar durante dos años una formación especializada, impartida en institutos y escuelas dependientes del Ministerio, y solo quienes aprueben el examen final podrán acceder a una plaza pública. En este proceso se convocarán más plazas de formación que puestos definitivos, permitiendo un filtro más amplio y adaptado a las nuevas necesidades de la Administración.

Aquellos aspirantes que no logren superar el examen final no obtendrán la plaza, pero sí un título oficial que acreditará su formación y tendrá valor en el mercado laboral. Este enfoque busca romper con el tradicional esquema centrado únicamente en memorizar temarios, para apostar por un modelo formativo más práctico y profesionalizado, según ha defendido Mapelli.

En cuanto al resto de escalas, los grupos C1 y C2 continuarán accediendo mediante oposición y recibirán formación una vez dentro del puesto, sin necesidad de realizar estudios previos. Las demás categorías conservarán el actual sistema selectivo.

El Ministerio justifica este cambio en la necesidad de adecuar el ingreso al servicio público a las nuevas profesiones emergentes, muchas de ellas asociadas a la digitalización, la ciberseguridad, la ingeniería pública o la gestión de datos. Según Mapelli, el nuevo modelo garantizará de forma “real” la igualdad de oportunidades y permitirá un acceso basado en méritos, competencias y profesionalización.

Asimismo, desde Función Pública se sostiene que el antiguo sistema basado en la tasa de reposición ha quedado obsoleto, al haber sido superado “con creces” en términos cuantitativos. El reto ahora, subraya el Ministerio, es cualitativo: atraer a los perfiles mejor preparados y más capacitados para afrontar los desafíos de una Administración moderna.

El Ejecutivo prevé implantar gradualmente este modelo en los próximos procesos selectivos, aunque su desarrollo normativo y logístico requerirá aún varios pasos antes de su entrada en vigor. La propuesta forma parte del plan de transformación estructural de la Administración General del Estado que busca convertirla en una institución más ágil, accesible y conectada con la realidad del Siglo XXI.