El Tribunal Supremo anula la inhabilitación de Rafael Louzán, presidente de la RFEF
El Tribunal Supremo (TS) ha decidido anular la condena de 7 años de inhabilitación impuesta a Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de fútbol (RFEF) y expresidente de la Diputación de Pontevedra, por un delito de prevaricación administrativa.
La causa estaba relacionada con la concesión de una subvención de 86.311 euros destinada a la reforma de un campo de fútbol en Moraña (Pontevedra).
El Supremo adoptó esta decisión tras la celebración de una vista el pasado miércoles en la que se estudió el recurso de casación presentado por Louzán. La Fiscalía se había opuesto a su exoneración, pero finalmente los magistrados han fallado a su favor.
Absuelven a los otros condenados
La Sala de lo Penal del TS también ha absuelto al exdirector de Infraestructuras de la Diputación de Pontevedra, al administrador y a un representante de la empresa constructora implicados en el caso. Todos ellos habían sido sentenciados a 7 años de inhabilitación como cooperadores del delito atribuido a Louzán.
Con esta resolución, el Supremo revoca la sentencia de la Audiencia de Pontevedra, que condenó al presidente de la RFEF y a los otros tres acusados por prevaricación administrativa. Anteriormente, el Juzgado Número 3 de lo Penal de Pontevedra también les había impuesto 2 años de prisión por un delito de fraude a la administración, aunque la Audiencia los había absuelto de este cargo.
Motivos de la absolución
El Tribunal Supremo ha considerado que los hechos probados no constituyen un delito de prevaricación administrativa, ya que en este caso no existió una connivencia fraudulenta entre los implicados para favorecer la adjudicación de la obra. Según el fallo, el delito de prevaricación requiere la existencia de una resolución arbitraria adoptada con el fin de generar un perjuicio materialmente injusto, algo que no se ha demostrado en este proceso.
El Supremo ha concluido que la administración contratante estaba obligada a abonar las obras ya ejecutadas, por lo que no existía una irregularidad en la adjudicación del contrato. Con esta decisión, Rafael Louzán queda libre de cualquier restricción para continuar desempeñando sus funciones en la RFEF.
