No se salva ni Hacienda

Durante estos últimos años, los ciudadanos hemos asistido a un progresivo deterioro de los servicios públicos, mientras el Gobierno se empeñaba en presumir de una Administración eficiente y de una recaudación tributaria récord. Sin embargo, la realidad desmonta ese relato. Ya no son solamente los ciudadanos quienes denuncian las deficiencias sino los propios funcionarios. Esta semana, los inspectores de Hacienda han denunciado que la Agencia Tributaria atraviesa la peor crisis de su historia. Hablan de pérdida de independencia, injerencias políticas, deterioro de su prestigio y una dirección sometida a intereses que nada deberían tener que ver con la aplicación imparcial de las leyes.

Muchos ciudadanos, a medida que se iban conociendo casos de corrupción se preguntaban ¿dónde está Hacienda? No resultaba creíble que una Administración que no perdona un error, por pequeño que sea, a cualquier contribuyente anónimo no captara anomalías en personas próximas al poder como el del expresidente Zapatero, su amigo Julio Martínez o el fraude millonario en el IVA de las tramas de Hidrocarburos o pusiera excesivo empeño en casos de personas ligadas a políticos de la oposición.

El pasado verano nos llegaron algunas pistas de lo que estaba ocurriendo en la Agencia Tributaria. El terremoto fue de calado, ya que anunciaron su salida la directora general y los responsables de Inspección y Recaudación. Ahora sabemos más.

Los inspectores han hecho públicas su reivindicaciones y reclaman una refundación, una dirección verdaderamente independiente, menos discrecionalidad en los nombramientos y controles permanentes sobre los representantes públicos y los partidos políticos. Cuando hasta los propios inspectores de Hacienda advierten de que su institución está en peligro, algo muy serio está ocurriendo. La degradación de los servicios públicos no es una sensación ni una consigna de la oposición. Es una realidad que empieza a denunciarse desde dentro del propio Estado.

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