Así no se puede

Hay cifras que deberían abrir los informativos y protagonizar los debates electorales. Una de ellas es la que refleja la dimensión alcanzada por el gasto público. A finales de 2025, por cada 100 personas que trabajaban en el sector privado, había 85 que percibían ingresos del Estado.

Empleados públicos, pensionistas y desempleados forman parte de esa cuenta, que dibuja una realidad difícil de sostener indefinidamente. Y hay más: según los datos oficiales recogidos por Libertad Digital, esta estadística ni siquiera incluye a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, que a finales del año pasado alcanzaban los 2,6 millones de personas en unos 760.000 hogares, con un coste anual superior a los 5.000 millones de euros.

Mientras el Gobierno ensalza la marcha de la economía y la izquierda carga contra la actividad privada, convendría que todos respondieran a una pregunta fundamental: ¿quién paga la factura de un Estado cuyo gasto no deja de crecer? Porque el dinero público procede de los impuestos y las cotizaciones de los trabajadores, las empresas y los ciudadanos, o de la deuda que tendrán que afrontar las generaciones futuras. Cuando el gasto aumenta por encima de la capacidad de generar riqueza, las alternativas son conocidas: elevar la presión fiscal, endeudarse o recortar otras partidas. Pedro Sánchez ha recurrido durante su mandato a las dos primeras vías, mientras los ciudadanos comprueban cómo sus ingresos pierden capacidad de compra. El crecimiento basado en el aumento de población y del gasto público, como ha señalado el FMI, no garantiza una mejora de la productividad ni del bienestar de los ciudadanos.

Además, pese al creciente número de empleados públicos, siguen faltando policías, guardias civiles, médicos y profesores, y los servicios públicos nunca estuvieron peor. El Partido Popular se ha comprometido a realizar una auditoría de las cuentas públicas si llega al Gobierno tras las elecciones del 29 de noviembre, lo que permitiría examinar la evolución del gasto, las modificaciones presupuestarias, los compromisos adquiridos, el destino de los fondos europeos y si el agujero de las cuentas es mayor de lo que se ha presentado oficialmente, que es lo que parece. La riqueza se genera con empresas que invierten, trabajadores que producen y una economía capaz de competir. El Estado debe contribuir a que esa actividad prospere, no convertirla en una fuente inagotable de recursos para sostener un gasto que nadie parece dispuesto a revisar.

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