Promesas de última hora

Cuando un Gobierno intuye que el tiempo se le agota, suele optar entre la prudencia institucional o la huida hacia delante. Todo apunta a que Pedro Sánchez ha elegido lo segundo. Con las elecciones generales del 29 de noviembre en el horizonte y unas encuestas que le sitúan lejos de una mayoría suficiente para seguir gobernando, el Consejo de Ministros amenaza con convertirse en una fábrica de anuncios de última hora. Tras cuatro años sin Presupuestos Generales del Estado y después de haber hecho del decreto ley una herramienta habitual de gobierno, el Ejecutivo entra ahora en una fase todavía más excepcional. Con las Cortes disueltas, pretende utilizar la Diputación Permanente para sacar adelante medidas cuya urgencia resulta, como mínimo, discutible.

La lista es larga: mejoras de prestaciones sociales, revalorizaciones de pensiones, subidas salariales para funcionarios, planes de residencias universitarias, nuevas coberturas para patologías asociadas a la menopausia, cambios en las pensiones de parejas de hecho o nuevas medidas para víctimas de violencia de género. Cuestiones todas ellas importantes, pero cuya necesidad inmediata difícilmente encaja con el espíritu constitucional que justifica legislar por decreto. El problema no es solo jurídico; también es político y económico. Cada nuevo compromiso de gasto se aprueba sin el respaldo de unas cuentas públicas debatidas en el Parlamento. Cada anuncio aumenta unas obligaciones futuras que quien gobierne después, sea quien sea, deberá administrar, las cuales sin duda restarán recursos y, si se aprueban vía aumento de deuda, generarán unos intereses que mermarán la capacidad de gasto, por ejemplo, en sanidad o educación.

Sánchez, según las últimas estimaciones, tendría en la abstención a más de un millón de posibles votantes. Ignoro si con estos anuncios votarán de nuevo al PSOE. Tampoco tengo claro que le beneficien las manifestaciones, huelgas, escraches o acampadas. El 29 de noviembre tendremos la respuesta. Lo que sí sé es que, en sus ocho años de gobierno, ha incumplido casi todas sus promesas. Algunas de tanto calado como la de la vivienda -el principal problema de los españoles-, pero también la que adquirió con los afectados de la DANA o del volcán de La Palma, además de los efectos sanadores para la economía de los fondos europeos o del pleno empleo. Hoy los españoles vivimos peor, nos ha frito a impuestos, la corrupción ha campado a sus anchas y tenemos una Ceuta invadida. Veremos si unas promesas de gasto social van a compensar ocho años de incumplimientos, de división entre españoles y de pérdida de peso en la política internacional.

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