El faro del PSOE se apaga

José Luis Rodríguez Zapatero ha sido durante años el gran referente político y moral del socialismo español, a pesar de que abandonó La Moncloa dejando tras de sí una de las mayores crisis económicas de nuestra historia reciente, después de negar durante meses su existencia y de culminar su mandato con el mayor recorte social de la democracia. Ahora, la investigación judicial que le afecta ha dado un giro de enorme trascendencia tras la decisión de Julio Martínez, señalado como su presunto testaferro, y del expresidente de Plus Ultra de colaborar con la Justicia.

Ambos sostienen que entregaron a Zapatero una comisión del 1% por facilitar que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobara el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea durante la pandemia. A esas declaraciones se suma la querella presentada por Justitia Europa contra todos los miembros del Consejo de Ministros que aprobaron aquella ayuda. La acusación sostiene que Plus Ultra no reunía los requisitos exigidos para acceder al rescate y aprecia posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Las consecuencias de estas actuaciones, si llegan a término, no solo afectarían al expresidente, sino también a quienes participaron en aquella decisión y a quienes durante estos años han defendido la actuación del Gobierno y del expresidente. Si las investigaciones acreditan que éste ocultó información o faltó a la verdad en sus comparecencias parlamentarias o judiciales, el golpe a su imagen sería difícilmente reversible y Pedro Sánchez tampoco podría permanecer ajeno.

Desde su regreso a la primera línea política, Zapatero ha sido uno de sus principales apoyos, consejero e interlocutor en cuestiones de máxima relevancia. Ambos han vinculado buena parte de su estrategia política, de manera que el deterioro del primero inevitablemente proyecta una sombra sobre el segundo. Todo ello, sin olvidar las joyas encontradas por la UDEF en una caja fuerte del despacho del expresidente o las informaciones que apuntan a que el amigo y socio de Zapatero no presentó la declaración de la renta durante cuatro años, mientras la Agencia Tributaria enviaba tres millones de paralelas a ciudadanos corrientes. Resultado, cesan al que quería investigar y premian al que miró para otro lado. Un patrón que, por cierto, se repite en la Fiscalía General del Estado o en la Guardia Civil.

Faltan muchas explicaciones sobre los comportamientos de funcionarios públicos, pagados con nuestros impuestos. Y de un presidente del Gobierno que se limita a negarlo todo mientras los casos de corrupción le rodean y le cercan por acción o por omisión. Por supuesto, que la presunción de inocencia debe respetarse siempre. Pero, también lo es la exigencia de responsabilidades políticas cuando aparecen indicios de suficiente gravedad, porque la confianza de los ciudadanos en las instituciones depende de que nadie quede al margen del escrutinio judicial.

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