¿Qué país estamos construyendo?

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, hace alarde de que los Servicios de Inteligencia españoles, y más en concreto el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), no emitieron ningún aviso de la invasión que se estaba preparando en la frontera de España con Marruecos.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, de quien depende el CNI, ha dicho que el trabajo que realizan el CNI, el CIFAS (Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas) y los servicios de Información de la Policía Nacional y de la Guardia Civil es "excepcional".

La Embajada española en Marruecos guarda silencio. El presidente del Gobierno, quien determina las directrices políticas y estratégicas de estos servicios mediante la Directiva de Inteligencia aprobada anualmente y de carácter secreto, descartó activar los mecanismos de seguridad nacional, exoneró a Marruecos y echó la culpa a las mafias. (Todavía no se le ha ocurrido decir que la culpa es del PP, pero enseguida Oscar Puente se lanzará. Y si es preciso resucitar a Franco, se hace). El Tribunal Supremo alertó de una situación irregular, pero nadie se ocupó de solucionar lo que es consecuencia de las deficiencias de una ley mal elaborada. El Gobierno tardó horas en activarse, entre otras cosas porque varios ministros estaban celebrando la fiesta marroquí en la Embajada de este país en Madrid.

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, llamó durante tres días al presidente del Gobierno para advertirle y éste no tuvo tiempo para coger el teléfono hasta que la situación estalló. La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados no ha sido convocada para ser informada o escuchada. Veintidós países europeos han llamado al orden a España. Ningún responsable del CNI, del CIFAS o de los Servicios de Inteligencia de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han hablado y tampoco ninguno de sus responsables ha presentado la dimisión. No se ha producido ningún cese -salvo el de una funcionaria de escasa responsabilidad- en ninguno de estos organismos.

Los 72.000 marroquíes que entraron en Ceuta en un ataque a la integridad nacional, "sin intervención alguna del Gobierno de Marruecos", volvieron en su inmensa mayoría, "rápida y voluntariamente" a su país. Todos menos los cerca de cien muertos que resultaron ahogados. ¿Quién paga por esa responsabilidad? Dos mil, tres mil o cinco mil, muchos de ellos menores, siguen allí y su envío a la península ya ha provocado tensiones y Cataluña ha dicho que allí no envíen a ninguno. Pero la amenaza sobre Ceuta y el miedo de sus ciudadanos, abandonados por este Gobierno, son ahora mucho mayores y más preocupantes que antes.

Todo esto deja abiertas dos posibilidades: o los mecanismos de inteligencia del Estado español son un desastre y fallaron estrepitosamente -lo que cuesta pensar dada su trayectoria y los magníficos profesionales que trabajan en ellos- o lo hicieron y los políticos nos están mintiendo. En el primer caso, sería urgente que los ministros responsables procedieran a una investigación profunda, hicieran públicas sus conclusiones, cambiaran a sus responsables e, inmediatamente después, presentaran su dimisión por incompetencia al presidente del Gobierno, que, por otra parte, ha demostrado la misma incompetencia que ellos. En el segundo caso, lo peor que puede tener un país es un Gobierno que le mienta. No nos lo merecemos. ¿Recuerdan 2011? Y éste lo está haciendo con reiteración y sin vergüenza.

Con el presidente de vacaciones, su única esperanza es que, como viene sucediendo desde hace demasiado tiempo, un escándalo sustituya a otro y apague el anterior. Cuando un poder es débil, depende de la arrogancia de una sola persona, actúa con opacidad, elude el control político, es irrelevante internacionalmente y está sostenido por quienes sólo buscan hacer negocio de esa debilidad, el riesgo de un proceso de deterioro institucional y social crece exponencialmente. ¿Qué país estamos construyendo? Desde luego no el que merecen los ciudadanos españoles. La Agencia Tributaria cerró el primer semestre de este año con 148.994 millones recaudados, un 10,4 por ciento más que hace un año y récord histórico, pese a los 1.310 millones de las rebajas fiscales por la guerra de Irán. Somos ciudadanos para pagar, pero no para exigir responsabilidades y que no nos mientan. ¿Hasta cuándo?

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