El legado de Yolanda Díaz

La Vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha decidido ofrecerse para presidir la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con el dinero de nuestros impuestos, claro.

Parece que tras los batacazos en las elecciones autonómicas celebradas recientemente y el resultado que ofrecen las encuestas para las próximas generales, no tiene claro que pueda volver a dirigir partido o coalición alguno por lo que se ha fijado como meta buscar este organismo internacional que le permita seguir en la brecha y cobrando de lo público.

Lo tiene difícil, pero ya se verá lo que ocurre. Lo que sí es una realidad tangible hoy es cómo va a dejar el mercado laboral español y que debería ser un lastre para su futuro, más si es representando a España. Y me explico. Ningún observador o experto se cree ya las cifras oficiales y no solo porque se esconden los parados o se venden afiliados por afiliaciones, sino porque la calidad y productividad de la mayor parte del empleo que se crea ya lo cuestiona hasta la Comisión Europea.

En un reciente informe, asegura la Comisión que el 82% de los empleos que se crean en España se sitúan en sectores de baja productividad, lo que influye en la competitividad de la economía española y limita sus posibilidades de mejoras salariales. Sin dejar de lado el daño que han hecho y seguirán haciendo a medio plazo las sucesivas subidas del SMI al empleo de los jóvenes, las empleadas de hogar o el trabajo en la agricultura. Extremo éste que han dejado por escrito el Banco de España, distintos servicios de estudios, la AIReF e incluso alguno encargado por la propia Yolanda Díaz. Ya hemos contado en muchas ocasiones que las continuas alzas del SMI están acercando este salario al más común, que es de apenas 16.500 euros brutos al año, 1.376 mensuales en 12 pagas. Teniendo en cuenta la inflación, impuestos, cotizaciones, vivienda, luz, etc, nos podemos hacer una idea de la precariedad que hoy ofrece el mercado laboral español.

También Yolanda Díaz tiene el récord de pluriempleo. Desde 2018, han subido un 50% los trabajadores que tienen más de un trabajo para poder llegar a fin de mes y afecta ya a 650.000 trabajadores. Además, según datos oficiales unos 17 millones de trabajadores dependen del Estado frente a 18 millones empleados por el sector privado. Sin ir más lejos, 2,7 millones de personas son beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital con un coste que este año superará los 5.000 millones de euros, cuando organismo como la AIReF llevan mucho tiempo alertando de que estas ayudas desincentivan la búsqueda de empleo. De hecho, un 25% de los asalariados cobran menos trabajando que con las ayudas públicas.

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