Sánchez y los jueces

Los jueces están en el punto de mira como presuntos implicados en una presunta operación contra Sánchez. Este lunes el ministro Oscar López colocaba en los circuitos políticos y mediáticos la última dosis de recuerdo: "Hay jueces empeñados en tumbar al Gobierno sea como sea".

No son los únicos. En la ofensiva de la Moncloa contra el "Deep State" ("Estado profundo") ya han quedado a los pies de los caballos el CNI, la Policía Nacional, la Guardia Civil, las FFAA, la Casa Real, y así sucesivamente. Como si esas entidades, que forman parte de las cuadernas del Estado, estuvieran unidas por la ojeriza a Sánchez.

Pero, insisto, los jueces llevan la peor parte. Amén de los ya judicializados casos de corrupción que afectan desde hace tiempo a personajes del entorno sanchista (Koldo, Abalos, Begoña, Cerdán, Zapatero, Leire, el hermano David...), véanse las reacciones del Gobierno y sus falanges mediáticas ante lo más reciente:

Por un lado, la judicialización de la caótica gestión del problema ceutí. Y por otro, el frenazo del Tribunal Supremo a la aplicación de la Ley de Memoria Democrática (2022) al modo de aplicar el derecho a voto de nacionalizados o por nacionalizar con lo dispuesto en una instrucción del Ministerio de Justicia poco exigente con las condiciones exigidas para obtener, o en su caso recuperar, la nacionalidad española.

En el caso de la judicialización del seísmo ceutí, que ha causado 141 muertos por ahogamiento o por aplastamiento, unos 80 de ellos en territorio español, la casi instintiva reacción de la Moncloa y sus coros fue rebuscar en la biografía de María Tardón, la magistrada que lleva el procedimiento indagatorio iniciado en la Audiencia Nacional por los sucesos de Ceuta. El propio presidente Sánchez la señala como una peligrosa derechista por sus antecedentes lejanos como concejala del PP ("hecho objetivo", dice) del Ayuntamiento de Madrid.

Algo parecido ha ocurrido con el frenazo al engorde del censo electoral de residentes ausentes (CERA) por parte de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. En este caso se está endosando sin disimulo al alto tribunal la intención de impulsar la causa de las derechas a las próximas elecciones generales.

Nunca pensé que las prisas por engordar el censo electoral con hijos y nietos de quienes perdieron por muy diversas causas la nacionalidad entre 1936 y 1955 respondiera a un apremio de Sánchez por mejorar su facturación en las urnas. Pero me pongo en lo peor a la vista de las furibundas reacciones del Gobierno y sus entornos mediáticos contra la medida cautelar del TS que paraliza sin negarlo, el derecho a voto de los españoles residentes en el extrajero recién llegados al censo electoral.

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