
El Gobierno ha vuelto a sacar pecho de los datos de empleo, pero basta con rascar la superficie para comprobar que el relato oficial cada vez se sostiene con mayor dificultad. Julio, tradicionalmente uno de los mejores meses para el mercado laboral gracias a la campaña turística, ha dejado un dato especialmente preocupante: el paro aumentó en más de 19.500 personas, el peor registro para este mes de toda la serie histórica. Lo más inquietante no es solo el incremento del desempleo, sino que prácticamente coincide con el dato desestacionalizado.
Es decir, los expertos interpretan que no estamos ante un simple efecto del calendario, sino ante una pérdida de empleo de carácter estructural. Cuando incluso el verano deja de generar empleo neto, conviene preguntarse qué está ocurriendo realmente en la economía española. A ello se suma una cuestión que el Ejecutivo sigue evitando abordar.
Las estadísticas oficiales continúan sin incorporar a los cerca de 800.000 trabajadores fijos discontinuos inactivos, personas que no están trabajando, perciben prestación por desempleo y, sin embargo, no figuran como parados. Una decisión metodológica que ofrece una fotografía incompleta del mercado laboral y dificulta conocer su verdadera dimensión. Tampoco el análisis de la contratación invita al optimismo.
En julio se firmaron cerca de 1,6 millones de contratos y casi un millón fueron temporales. Entre los considerados indefinidos, solo el 40% fueron a jornada completa, mientras que el 24% eran a tiempo parcial y un llamativo 35,1% fijos discontinuos. La evolución anual resulta todavía más reveladora. Apenas el 15,7% de todos los contratos suscritos en los últimos doce meses ha sido indefinido a tiempo completo. Una cifra difícilmente compatible con la imagen de estabilidad laboral que el Gobierno atribuye a su reforma.
Según datos del sindicato USO, en el último año se ha firmado una media de 25 contratos por cada nuevo afiliado, lo que equivale aproximadamente a dos contratos por trabajador y mes. Es decir, que la contratación parece girar en torno a una sucesión constante de altas y bajas. Mientras tanto, el Ejecutivo celebra que el 65,5% del incremento anual de afiliados corresponda a trabajadores extranjeros, atribuyéndolo al proceso de regularización de inmigrantes.
Sin restar importancia a esa incorporación al mercado laboral, conviene recordar que este dato no puede ocultar las debilidades del empleo nacional ni servir como argumento para presentar una situación mucho más sólida de lo que reflejan otros indicadores. Todo ello sin contar que la mayoría lo hace en sectores de baja cualificación con bajos salarios y cotizaciones. Las estadísticas laborales deberían servir para conocer la realidad, no para construir un relato político y triunfalista. Porque detrás de cada porcentaje hay personas que encadenan contratos, pluriempleados y trabajadores que desaparecen de las listas oficiales, lo que nos deja un mercado laboral que muestra un mes más síntomas evidentes de precariedad.
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