Por la puerta trasera

MADRID 19 Sep.

Los últimos datos de la Intervención General del Estado, correspondientes a julio, vuelven a poner de manifiesto que el Gobierno hace y deshace con el dinero de todos lo que quiere y sin control del Parlamento. El gasto en los siete primeros meses del año fue de 81.219 millones, más de lo que se gastó en todo el año pasado y la muestra palpable de que el Ejecutivo recurre a esta vía para adaptar unas cuentas prorrogadas a sus necesidades. No hay nuevos presupuestos, pero la maquinaria del gasto no se detiene. Al contrario, sigue funcionando mediante transferencias, ampliaciones y otras modificaciones, mecanismos que permiten alterar de forma sustancial el destino del dinero de nuestros impuestos. De esos 81.219 millones, 30.226 millones corresponden al pago de intereses de la Deuda Pública y 10.048 millones al Ministerio de Defensa, dinero que ha salido en su mayor parte de la Transición Ecológica y la Transformación Digital, dos de los mantras de este Gobierno que, sin embargo por la puerta de atrás no ha tenido problema en destinarlo a gasto en Defensa.

La paradoja es que todo esto ocurre mientras la recaudación fiscal sigue creciendo con fuerza, impulsados especialmente por el IRPF con un aumento del 8%, del IVA del 5,9% y del impuesto sobre Sociedades del 95,3%. El problema, por tanto, no parece ser la falta de capacidad recaudatoria del Estado. El problema es cómo decide gastar y, sobre todo, con qué grado de control político. España lleva toda esta legislatura con presupuestos prorrogados. El último Presupuesto aprobado por las Cortes corresponde a 2023. Desde entonces, el Gobierno ha utilizado cada vez más los mecanismos de modificación presupuestaria que la Ley permite para casos excepcionales y que el Gobierno las está utilizando como una herramienta habitual.

El Tribunal de Cuentas ya puso advertencias a la cuenta general de 2024, que el pasado junio y por primera vez en la historia fue rechazada por el Parlamento. No ha pasado nada. De hecho, nos acercamos a finales de septiembre y no se sabe si este año por fin el Gobierno presentará presupuestos. No tiene mucha pinta. Una anomalía que debería tener más que un reproche, porque hablamos del dinero de los ciudadanos y por tanto del derecho a saber cómo se gasta. ¿Cuánto tiempo más puede convertir el Gobierno la excepción en norma?

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