El PP vincula el apoyo a Marruecos con el hackeo de móviles

La dirigente popular sostiene que el Ejecutivo desconoce un mes después cuántos migrantes permanecen en Ceuta "porque no quiere" saberlo, ya que dispone de los medios necesarios.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha sugerido que el respaldo continuo del Gobierno a la actuación de Marruecos durante la crisis de Ceuta podría estar relacionado con la información que el país vecino obtuvo tras el hackeo de los teléfonos del presidente Pedro Sánchez y de los ministros de Defensa e Interior, Margarita Robles y Fernando Grande Marlaska.

La dirigente popular lo planteó en una entrevista en Tele 5, donde preguntó de forma retórica hasta qué punto el Ejecutivo está sometido a Marruecos y si eso tiene que ver "con la información que tienen tras el hackeo de los móviles del Gobierno".

Para Muñoz, el empeño del Gobierno en exculpar al país vecino de la entrada de 80.000 personas en Ceuta es un "insulto a la inteligencia de los españoles". "Todos sabemos que lo que ha pasado el 30 de julio no fueron 70.000, 80.000 personas que de repente por redes sociales se pusieron de acuerdo para entrar en España", exclamó.

Interior cifra en 5.000 los marroquíes que siguen en la ciudad

Esa es precisamente la pregunta que el PP traslada al Ejecutivo después de que el ministro del Interior volviera este viernes a elogiar a Marruecos y a agradecer su colaboración para resolver la crisis migratoria en la ciudad autónoma.

Grande Marlaska ha cifrado en unos 5.000 marroquíes los que permanecen todavía en Ceuta. La portavoz popular replicó que el Gobierno desconoce la cifra exacta un mes después de la "invasión" "porque no quiere", pese a disponer de los medios necesarios para saberlo. "Tienen todas las herramientas. No puede ser que un mes después no lo sepan", espetó.

Muñoz acusó además al Ejecutivo de construir un relato "que no se cree nadie" y de buscar ahora culpables señalando a los ceutíes como "radicales y nazis" en lugar de hacer autocrítica. Por eso considera "normal" que los habitantes se sientan "abandonados" tras ver su ciudad "tomada".

Respuesta a la acusación de "gamberrismo institucional"

La portavoz también respondió al ministro de Industria, Arcadi España, quien atribuyó al PP "gamberrismo institucional". A su juicio, el verdadero gamberrismo institucional es "tener todas las capacidades del Estado e irte de vacaciones y no solucionar el problema".

El Ejecutivo, añadió, regresa ahora de vacaciones y "llama culpable a todo el mundo". Muñoz explicó que, cuando se vive en sociedad, los ciudadanos asumen que la "fuerza controlada la tiene el Estado" y que "la justicia la imparte el Estado en nombre de los ciudadanos".

Eso es lo que lleva a los ciudadanos a no tomarse la justicia por su mano ni recurrir a la violencia para defenderse. El problema, advirtió, es que Ceuta "ha sentido que el Estado no está" durante muchos años, algo que atribuye a que el Gobierno "no ha ejercido sus funciones y responsabilidades".

Los informes previos y el plan de seguridad pendiente

La dirigente enmarca el respaldo de Moncloa a Grande Marlaska —frente a la afirmación de Robles de que el CNI informó con antelación de la "invasión"— en ese relato de "no tener responsabilidad" que atribuye al Ejecutivo.

Muñoz sostuvo que "todos los españoles" son conscientes de que el Gobierno disponía de la información, y apuntó que desde 2021 existen tres informes que advertían de que podía ocurrir lo del 30 de julio. Recordó que Sánchez prometió que no se repetiría una entrada como la de menores registrada en la ciudad autónoma y que se elaboraría un plan estratégico de seguridad para Ceuta y Melilla, algo que cinco años después sigue sin hacerse.

La devolución de los menores y los convenios con Marruecos

Sobre la posibilidad, planteada por la ministra de Infancia, Sira Rego, de que la mayoría de los menores no puedan ser devueltos a Marruecos, Muñoz precisó que el interés del menor es estar con sus padres o en su país de origen. Recordó que el retorno no lo reclaman solo las comunidades gobernadas por el PP, sino también Castilla-La Mancha, Cataluña, el País Vasco y Bruselas.

La portavoz reclamó que se apliquen los convenios suscritos entre España y Marruecos y que se destinen más medios para agilizar unos trámites que, al ser individuales, requieren tiempo y recursos. Con ironía, apuntó que si el país vecino colabora y es fiable, como sostiene el Gobierno, lo lógico es aplicar los convenios recíprocos.