El escándalo de las pulseras

Mientras se acumulan los testimonios de mujeres que declaran haber sentido miedo al ver cerca a sus agresores, pese a las órdenes de alejamiento y las pulseras telemáticas en las que confiaban desde el Ministerio de Igualdad, su titular: Ana Redondo, niega la mayor y tilda de "bulos" las noticias que describen el fallo de las pulseras. A los efectos del relato oficial -apoyado de manera servil y vergonzosa por algunos medios entregados al sanchismo- en ningún momento las mujeres habrían estado desprotegidas.

Frente a esta posición que, al negar los fallos del sistema, trata de eludir la responsabilidad política por un caso de negligencia tan evidente se yerguen los testimonios de algunos de los magistrados titulares de los juzgados especializados en violencia machista y singularmente el del CGPJ. La magistrada que presidía el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género cuando sucedieron los hechos alertó al Ejecutivo ante el grave riesgo que corrían las víctimas. Eran hechos, no "bulos", falsedad con la que la ministra pretende distraer su responsabilidad política. Aun así nada parece inducirles a pedir disculpas. Si llamativas resultan las declaraciones de la señora Redondo, por cuanto tienen de ceguera voluntaria, más sí cabe llama la atención el silencio del Presidente del Gobierno quien, conocido ya el asunto y las dimensiones del escándalo, no hizo la menor alusión al caso en un reciente mitin en Cataluña en el que, en cambio, se empeñó a fondo en tratar de confundir al personal en relación con la posición de Núñez Feijóo al respecto de la masacre que está llevando a cabo el Ejército de Israel en Gaza. Silencio sobre los problemas de casa y altavoz para los de fuera.

Sobre ese silencio en relación con este caso, cuya gravedad se mide por el hecho del riesgo que han corrido decenas de mujeres desprotegidas frente a sus potenciales agresores, también habría que consignar el de la eurodiputada Irene Montero. Nada ha dicho sobre este asunto quien fuera en su día titular del Ministerio de Igualdad que impulsó la implantación de estos sistemas de vigilancia telemática. También se echan de menos las voces de algunas de las organizaciones que se proclaman feministas que, con razón, habrían puesto el grito en el cielo exigiendo la dimisión de la ministra caso de que quien estuviera gobernando fuese el Partido Popular. Un escándalo.

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