Más Madrid fracasa en su intento de judicializar la gestión de Almeida sobre las VUT

La Fiscalía Provincial de Madrid ha decidido archivar la denuncia presentada por Más Madrid el pasado abril contra el equipo de gobierno del alcalde José Luis Martínez-Almeida en relación con la gestión de las viviendas de uso turístico (VUT) en la capital. El Ministerio Público considera que no existen indicios de prevaricación ni de ilegalidad alguna en la actuación del Ayuntamiento, según recoge el escrito de archivo, contra el que no cabe recurso.

En su resolución, la Fiscalía concluye que, a la vista de las diligencias practicadas, “no resultan indicios de actividad prevaricadora o incluso meramente ilegal”, desmontando así la acusación formulada por Más Madrid, que en su denuncia hablaba de una supuesta “consentida deliberada de ilegalidad” por parte del Consistorio madrileño y la Agencia de Actividades ante la proliferación de pisos turísticos sin licencia. Según afirmaba en su momento la portavoz Rita Maestre, se trataba de una “inacción del alcalde que no es simple pasividad, es consentimiento deliberado de la ilegalidad”.

El grupo municipal basó su denuncia en el artículo 320 del Código Penal, que contempla el delito de prevaricación por omitir inspecciones obligatorias, señalando que más de 15.000 VUT operaban en Madrid fuera de la legalidad. La denuncia se produjo después de que la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) presentara en junio de 2024 un escrito alertando sobre 10.134 viviendas turísticas registradas en la Comunidad sin las licencias municipales pertinentes.

Sin embargo, el Ayuntamiento argumentó haber realizado un análisis preliminar del cual se desprendía que 8.943 de esas viviendas figuraban en el Registro oficial sin disponer de licencia. De ellas, se inspeccionaron 4.372, lo que representa un 43,3% del total denunciado, y se iniciaron 2.499 procedimientos de restablecimiento de la legalidad urbanística, afectando a 3.683 unidades de alojamiento. A esto se suma la inspección de otras 3.482 viviendas adicionales no incluidas en la denuncia vecinal, con 953 procedimientos incoados que alcanzan a 1.520 alojamientos.

La Fiscalía destaca que la acusación de “falta de inspecciones” se aleja significativamente de la realidad acreditada y que, al momento de presentar la denuncia, ya estaba aprobado el Plan de Inspección Urbanística Municipal (PIUM) para el bienio 2024-2025, en el que las VUT son uno de los ejes prioritarios de actuación. Además, se valora el incremento del personal destinado a estas labores dentro del Servicio de Disciplina Urbanística, aunque no exista una unidad específica.

El Ministerio Público considera que la actuación del Ayuntamiento “ha sido diligente en todo lo relativo a la inspección y disciplina urbanística” en relación con las viviendas de uso turístico, reconociendo las dificultades inherentes a este tipo de control y subrayando que “se han desarrollado sucesivamente planes de inspección”, con un uso frecuente de mecanismos como la multa coercitiva, aplicada en 1.265 ocasiones.

El equipo de gobierno municipal, a través del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad que dirige Borja Carabante, ha reaccionado señalando que “la denuncia presentada se desacredita con la información remitida por el Ayuntamiento de Madrid, de forma detallada y justificada”.