El Tribunal de Cuentas abre diligencias contra la Consejería de Sanidad por contratos con la clínica Dátor

El Tribunal de Cuentas abre diligencias contra la Consejería de Sanidad por contratos con la clínica Dátor

El Tribunal de Cuentas ha ordenado la apertura de diligencias previas contra la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por la concesión de 24 contratos menores a la empresa Partner Line S.A., sociedad gestora del centro abortista Dátor.

La resolución llega tras la denuncia presentada por la Fundación Española de Abogados Cristianos, que acusa a la administración regional de haber adjudicado contratos a una empresa incursa en prohibición de contratar.

El organismo fiscalizador considera que las adjudicaciones no respetaron el principio de legalidad preceptivo y acuerda así la apertura de un expediente de investigación sobre los contratos firmados con Partner Line S.A., por un importe superior a los 150.000 euros. Según Abogados Cristianos, estas adjudicaciones se realizaron después de que la compañía fuera declarada en disolución en octubre de 2023, a pesar de que ya se encontraba en situación de concurso de acreedores desde el año 2015.

La organización jurídica sostiene que desde la apertura del concurso, la empresa ha recibido más de 400 contratos públicos del Gobierno regional. Además, subraya que el administrador único de la sociedad fue condenado en firme a dos años de inhabilitación por su gestión en el centro Dátor, lo que agrava la situación legal de la empresa y, en consecuencia, la validez de los contratos adjudicados.

"Estando incursa en concurso, e incluso habiendo sido declarado inhabilitado para administrar bienes ajenos el administrador único de Partner Line S.A., sus contratos deben ser declarados nulos", señala el Tribunal en su resolución, respaldando así los argumentos de la denuncia.

La presidenta de la Fundación Española de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha afirmado que “la Comunidad de Madrid gasta millones de los impuestos en el negocio del aborto y además de forma fraudulenta, evidenciando connivencia entre dicho negocio y los políticos de turno, cuando ese dinero podría darse a mujeres que lo necesitan”. La entidad confía en que estas diligencias permitan depurar responsabilidades políticas y administrativas por unos hechos que consideran de especial gravedad.