El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha entregado este lunes el Premio a la Calidad de la Justicia en materia de accesibilidad, otorgado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a los facilitadores judiciales de la región. Se trata de un reconocimiento a una figura que solo ha sido regulada hasta la fecha en Madrid, lo que convierte a la región en pionera en su implantación.
Durante el acto de entrega, el consejero ha señalado que el premio del CGPJ se encuentra ahora “en manos de los auténticos protagonistas”, en referencia a los facilitadores, encargados de acompañar y asesorar a personas con discapacidad para que puedan comprender y participar plenamente en los procedimientos judiciales. “No solo fuimos pioneros, sino que hemos cumplido con nuestra obligación como Administración Pública”, ha afirmado García Martín, quien ha destacado que más de 130 personas han recibido atención directa gracias a esta iniciativa.
El consejero ha calificado este modelo como una “revolución silenciosa” que avanza en la construcción de un sistema judicial verdaderamente inclusivo. Ha recordado también que la Comunidad de Madrid fue la primera en reconocer, en 2003, el derecho a la atención específica de las personas con discapacidad en su Ley de Servicios Sociales, marcando una senda de compromiso que se ha consolidado con el tiempo.
Entre las medidas adoptadas para reforzar ese compromiso, García Martín ha citado la eliminación de barreras arquitectónicas en edificios judiciales, la puesta en marcha de servicios de atención en lengua de signos, la adaptación de documentos y el diseño de una futura Ciudad de la Justicia completamente accesible. “Queremos que todos los ciudadanos, sin excepción, puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones”, ha subrayado.
En su intervención, el consejero también ha aprovechado para lanzar un mensaje de respaldo a la independencia del Poder Judicial. Ha denunciado los “ataques reiterados” del Gobierno de Pedro Sánchez al Consejo General del Poder Judicial y ha advertido del riesgo que supone la reforma legislativa que el Ejecutivo pretende impulsar. “No se puede asaltar el Poder Judicial ni someterlo a intereses partidistas sin poner en juego la base misma del Estado de Derecho”, ha sentenciado.