La Comunidad de Madrid sustituye los Juzgados de Paz por 126 nuevas Oficinas de Justicia
La Comunidad de Madrid ha puesto en funcionamiento las primeras 126 Oficinas de Justicia en el Municipio (OJM), que reemplazan a los antiguos Juzgados de Paz, con el objetivo de acercar el servicio judicial a todos los ciudadanos, también a quienes residen en localidades de menor tamaño. Así lo ha anunciado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, durante su visita a la nueva oficina de Guadarrama, acompañado por el alcalde de la localidad, Diosdado Soto.
Esta transformación responde a la aplicación de la Ley Orgánica estatal de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, aprobada en enero, que establece la sustitución de los 158 Juzgados de Paz existentes en la región por Oficinas de Justicia en tres fases a lo largo de 2025. La primera de ellas concluyó el pasado 1 de julio con la apertura de estas 126 oficinas. Las siguientes fases culminarán el 1 de octubre con 17 nuevas oficinas y el 31 de diciembre con las 15 restantes.
Las OJM ofrecen a los ciudadanos servicios esenciales como la expedición de certificados del Registro Civil, solicitudes de asistencia jurídica gratuita, presentación de demandas de escasa cuantía y denuncias por delitos leves, entre otros trámites administrativos y judiciales.
El Ejecutivo regional ha asegurado que está facilitando los medios humanos, materiales y tecnológicos necesarios para garantizar el funcionamiento adecuado de estas nuevas oficinas. En ese sentido, se incorporarán 64 nuevos funcionarios, lo que representa un aumento del 55% respecto a la plantilla anterior. Asimismo, se pondrá en marcha una campaña informativa a través de la web institucional y diversas publicaciones para dar a conocer a los vecinos la localización y servicios de cada una de estas oficinas.
El consejero García Martín ha defendido la continuidad de la figura del juez de paz, que ha sido preservada gracias a la presión de las Comunidades Autónomas y de distintos grupos parlamentarios, frente a la intención inicial del Gobierno central de suprimirla. A su juicio, se trata de una figura imprescindible para garantizar la cercanía de la Justicia en el ámbito local, especialmente en el medio rural.
