La abogacía madrileña exige reformas ante el uso excesivo de las sanciones tributarias abreviadas

El I Congreso de Derecho Tributario del Colegio de la Abogacía de Madrid arrancó con un diagnóstico contundente: el uso generalizado del procedimiento sancionador abreviado por parte de la Administración tributaria socava gravemente las garantías jurídicas del contribuyente. Así lo denunciaron el decano del ICAM, Eugenio Ribón, la diputada Roberta Poza y el presidente de la Sección de Derecho Tributario, Gabriel Casado, en una jornada inaugural centrada en la defensa del Estado de Derecho y la proporcionalidad del poder sancionador.

El decano Ribón subrayó que el ejercicio compulsivo del poder sancionador tributario está desbordando los límites razonables del sistema jurídico, al convertirse en práctica habitual lo que, por definición, debería ser excepcional. Denunció que la Administración actúa con prerrogativas desmesuradas, como la autotutela declarativa y ejecutiva, sin intervención judicial previa, y alertó contra la ficción de medios alternativos de resolución de conflictos que, en la práctica, no están disponibles.

“Defender al contribuyente no es justificar el fraude”, afirmó Ribón, quien defendió el papel de la abogacía como garante del equilibrio institucional y la legalidad. Según su visión, proteger los derechos del ciudadano ante posibles excesos administrativos no solo es legítimo, sino una exigencia ineludible de justicia.

Roberta Poza, diputada del ICAM, advirtió sobre la creciente erosión de la seguridad jurídica en materia tributaria. Criticó el uso excesivo del decreto-ley como vía de modificación normativa y denunció que la mala calidad legislativa genera elevados costes económicos, como ha puesto de manifiesto el Tribunal Constitucional al anular normas fiscales con efectos millonarios.

Lamentó además la falta de mecanismos claros para la interpretación de la norma, lo que traslada una carga injusta al contribuyente, obligado a interpretar y aplicar un sistema complejo y opaco. Poza insistió en la necesidad de reformas estructurales que mejoren la previsibilidad normativa y los cauces efectivos de revisión administrativa y judicial.

Gabriel Casado centró su intervención en denunciar la consolidación de un modelo sancionador automatizado, carente de contradicción efectiva. Afirmó que entre 2019 y 2025, la totalidad de los procedimientos sancionadores tramitados por los Órganos de Gestión Tributaria y el 96 % de los de Inspección se resolvieron mediante el procedimiento abreviado. Según explicó, esta vía convierte las pruebas recabadas para liquidar en pruebas para sancionar, sin garantizar una verdadera separación funcional ni un juicio contradictorio.

Casado advirtió que esta práctica, lejos de ser excepcional, se ha convertido en el estándar, y que los tribunales han aceptado en demasiadas ocasiones su extensión sin reacción crítica, consolidando un sistema que define como desequilibrado y peligroso. Frente a esta tendencia, reclamó una reconstrucción dogmática del Derecho sancionador tributario que restablezca el principio de legalidad y la función garantista del procedimiento.

Los intervinientes coincidieron en que es necesario un esfuerzo conjunto por parte de la Abogacía, la Universidad y el Poder Judicial para reconstruir un modelo tributario justo, proporcional y respetuoso con los derechos del ciudadano. Reabrir el debate jurídico sobre cuestiones que hoy parecen pacificadas en la jurisprudencia, aún a riesgo de costas, fue uno de los llamamientos clave del Congreso.