El Gobierno regional limita a lo técnico su relación con el delegado del Gobierno: Se "reprueba solo" con su actitud
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha cargado este miércoles contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, de quien ha dicho que “se reprueba solo” con su actitud y ha señalado que la relación del Ejecutivo autonómico con él es “meramente técnica”.
Las declaraciones llegan un día después de que el Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares aprobara una moción del Partido Popular, con el apoyo de VOX, en la que se censura al delegado y se solicita el cierre del Centro de Atención, Emergencia y Derivación (CAED) ubicado en esta localidad.
García Martín ha afirmado que desde hace tiempo la Comunidad no reconoce en la práctica la autoridad del delegado del Gobierno, al considerar que no asume sus competencias. Según el consejero, Francisco Martín ha optado por convertirse en un "delegado del sanchismo", utilizando su cargo para hacer oposición al Ejecutivo madrileño y, en particular, para atacar a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, ya sea “a través de los medios de comunicación o por carta”.
El Ejecutivo regional ha asegurado que no mantendrá ningún tipo de interlocución política con el delegado mientras continúe lo que considera una instrumentalización partidista de su cargo. “Su forma de trabajar, su actitud y su tono hacen que deba ser reprobado”, ha afirmado García Martín, descartando cualquier cooperación más allá de los aspectos técnicos que exige la administración.
En relación con la petición de cierre del CAED, el consejero ha cuestionado la utilidad de mantener las fronteras abiertas mientras se desconoce quién entra en territorio nacional. “¿En qué ayuda a la convivencia tener las fronteras más permeables de Europa?”, ha planteado, enlazando la crítica al centro con la política migratoria del Gobierno central. El centro de acogida de Alcalá ha generado una creciente polémica entre vecinos, representantes municipales y autoridades regionales, convirtiéndose en símbolo del desencuentro entre Moncloa y la Puerta del Sol.
