La Comunidad defiende que protegerá la Casa de Correos ante la “injerencia” de la Ley de Memoria Democrática
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha restado importancia a la decisión del Tribunal Constitucional de suspender cautelarmente parte de la ley autonómica que pretendía blindar la Real Casa de Correos frente a su designación como lugar de memoria. Ha subrayado que se trata de una "admisión automática a trámite" del recurso del Gobierno central, sin que ello implique un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.
El pasado martes, el Tribunal Constitucional acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra el artículo 4 de la Ley 8/2024 de la Comunidad de Madrid. Esta disposición, aprobada en diciembre, limita la posibilidad de señalar como lugar de memoria democrática la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico, impidiendo así la colocación de una placa conmemorativa que la identifique como tal.
García Martín ha insistido en que el edificio es competencia de la Comunidad de Madrid, y que cualquier actuación en su interior o fachada debe ser autorizada por el propio Gobierno regional. En este sentido, ha defendido la legitimidad de la norma impugnada como una herramienta para proteger la institucionalidad y neutralidad de un inmueble que alberga la sede del poder autonómico.
Durante su intervención, el consejero ha recordado que el Tribunal Constitucional ya admitió por unanimidad a trámite el recurso de la Comunidad de Madrid contra la Ley estatal de Memoria Democrática, al considerar que invade competencias autonómicas y vulnera principios constitucionales. “No es cosa menor que se haya admitido también ese recurso”, ha señalado, subrayando la disposición del Ejecutivo madrileño a continuar “dando todas las batallas jurídicas necesarias”.
A juicio del Gobierno regional, la Real Casa de Correos debe quedar al margen de disputas ideológicas o reinterpretaciones históricas promovidas desde el ámbito estatal. El consejero ha reiterado que seguirán defendiendo los intereses de la Comunidad de Madrid y el control sobre sus edificios emblemáticos. “Nosotros seguimos entendiendo que quien tiene que autorizar las cosas en este inmueble es el Gobierno de la Comunidad de Madrid”, ha afirmado.
