La Comunidad celebra que el Constitucional respalde su ley LGTBI casi en su totalidad
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha defendido que la resolución del Tribunal Constitucional sobre la reforma de la ley LGTBI evidencia que la actuación del Ejecutivo autonómico fue jurídicamente sólida.
Así lo ha manifestado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha afirmado que están “satisfechos” con el resultado de la sentencia, que avala el grueso de la modificación impulsada por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.
El pronunciamiento del Constitucional responde al recurso que presentó el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra uno de los apartados introducidos por la Ley 18/2023, de 27 de diciembre, que modifica la Ley 3/2016 de protección integral contra la LGTBIfobia en la Comunidad de Madrid. En concreto, el alto tribunal ha estimado parcialmente el recurso al considerar que las asociaciones y entidades deben poder representar los intereses de las personas LGTBI ante procedimientos administrativos y penales.
La Comunidad defiende una reforma basada en criterios técnicos y científicos
García Martín ha subrayado que se trata de una cuestión técnico-jurídica “muy menor”, que no invalida el resto del articulado de la ley reformada, el cual permanece “intacto”. Ha recalcado que la modificación normativa impulsada por el Gobierno de Ayuso se planteó desde una óptica técnica y científica, evitando cualquier motivación ideológica en la redacción de la norma. A su juicio, la sentencia confirma que la legislación fue elaborada con rigor jurídico y pleno respeto al marco constitucional.
El punto impugnado por el Gobierno central, el apartado catorce ter del artículo único, regula quiénes pueden personarse como interesados en procedimientos administrativos para proteger a personas LGTBI frente a actos discriminatorios. El Constitucional ya acordó en julio de 2024 la suspensión cautelar de este precepto, que contempla medidas inmediatas para frenar conductas discriminatorias, reparar daños y restituir los derechos vulnerados.
