Ayuso recurrirá ante el Supremo la Ley de Eficiencia Judicial si el Gobierno no evalúa su coste
la Presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes que el Gobierno regional presentará un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo si el Ejecutivo central no responde antes del 10 de mayo al requerimiento formal emitido por la Comunidad para que se evalúe el coste que supondrá para las comunidades autónomas la aplicación de la nueva Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia. Así lo ha comunicado durante la presentación de la maqueta de la futura Ciudad de la Justicia en la Real Casa de Correos.
Críticas al fondo ideológico de la norma
Ayuso ha denunciado que la ley implica “un cambio ideológico en la organización del sistema judicial” y ha cargado contra el Gobierno por promoverla “sin contar con el Poder Judicial ni con las comunidades autónomas”. A su juicio, se trata de “un nuevo intento de control del Poder Judicial”, encubierto bajo conceptos aparentemente neutros como modernización o eficiencia. “Donde dice eficiencia deberíamos saber leer control del Ejecutivo sobre la independencia judicial”, ha advertido.
Defensa de la separación de poderes y el Estado de DerechoEn un discurso de fuerte carga institucional, la presidenta madrileña ha reivindicado el papel de los presidentes autonómicos como “garantes del orden constitucional, de la unidad nacional y de los derechos fundamentales de todos los españoles”. Ha acusado al Ejecutivo central de querer transformar la justicia en un instrumento al servicio de una “justicia popular, sin jueces”, propia —ha dicho— de los regímenes de corte totalitario. “Desde hace décadas hay una obsesión por controlar el Poder Judicial, y esto mismo hacen muchos compañeros de ideología en otros lugares del mundo”, ha señalado.
Requerimiento previo y reclamación de financiación adecuada
La Comunidad de Madrid presentó el pasado 10 de abril un requerimiento al Gobierno de España solicitando una evaluación inmediata del impacto económico de esta ley en las comunidades autónomas, así como la dotación de financiación adecuada para su ejecución. En caso de no recibir respuesta antes del 10 de mayo, Ayuso ha confirmado que el Ejecutivo autonómico llevará la ley ante el Tribunal Supremo por considerar que vulnera principios esenciales del sistema democrático.
