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Dávila acusa al Ministerio de Igualdad de ocultar los fallos en las pulseras antimaltrato
La Comunidad de Madrid ha exigido este lunes explicaciones al Gobierno central por los fallos en los dispositivos de control telemático para agresores reincidentes, conocidos como pulseras antimaltrato, y ha acusado a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, de “mentir” y “engañar” a las mujeres víctimas de violencia.
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales del Ejecutivo madrileño, Ana Dávila, ha denunciado ante los medios, antes de la celebración de la Conferencia Sectorial de Igualdad, que estos dispositivos llevan presentando fallos graves desde hace más de ocho meses, sin que hasta el momento se haya ofrecido una solución efectiva.
“Lo que le hemos pedido a la ministra es que dé explicaciones sobre los dispositivos de seguridad, que hace ya más de dos meses supimos que ocho meses antes ya estaban dando fallos muy graves y que incluso ha llegado a que muchas víctimas lleguen a renunciar a esos dispositivos de seguridad”, ha advertido Dávila.
La consejera ha criticado que “dos meses después” de revelarse los fallos aún no se haya planteado ninguna medida correctiva, lo que, a su juicio, demuestra la falta de responsabilidad del Ministerio de Igualdad. Ha insistido en que la ministra “prometió soluciones” que no han llegado, y ha calificado su actuación como una muestra más de una gestión fallida en materia de protección a las víctimas.
“La semana pasada tuvimos otros nuevos fallos en estos dispositivos”, ha denunciado la responsable autonómica, quien ha trasladado por escrito a todos los ayuntamientos integrados en la Red de atención a mujeres víctimas de violencia machista que comuniquen cualquier incidencia registrada en el uso de las pulseras. Esta recopilación de información pretende evidenciar la persistencia de los problemas y la necesidad urgente de adoptar medidas técnicas y políticas.
Además, Dávila ha mostrado su oposición a uno de los puntos previstos en el orden del día de la Conferencia Sectorial: el relativo al acuerdo sobre la acreditación de víctimas de violencia sexual. Ha adelantado que la Comunidad exigirá su retirada, al considerar que “no hay acuerdo entre las comunidades autónomas” y que las propuestas del Ministerio generan “inseguridad jurídica” para su aplicación.
En este sentido, ha acusado al Ejecutivo central de intentar imponer medidas sin consenso autonómico, y ha vinculado esta situación a los efectos derivados de la controvertida Ley del 'Solo sí es sí'. “Las peticiones que hemos hecho para gestionar adecuadamente estas ayudas sin inseguridad jurídica, que es lo que propone el Ministerio, todavía no están resueltas. No deja de ser una nueva chapuza que proviene de la Ley del 'Solo sí es sí'. Son ramificaciones que desde luego ya sabemos que no han funcionado”, ha rematado.
