La Comunidad de Madrid adjudicó el 85,7% de sus contratos públicos por procedimiento abierto
La Comunidad de Madrid se situó en 2023 como la administración autonómica con mayor grado de apertura en la contratación pública, adjudicando el 85,7% de sus contratos mediante procedimiento abierto. Esta cifra, correspondiente al último ejercicio con datos comparativos disponibles, supera en casi diez puntos la media nacional, situada en el 76,1%, y refleja el compromiso del Ejecutivo madrileño con la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha puesto en valor estos datos durante la clausura de la jornada conmemorativa por los 15 años del recurso especial en materia de contratación, organizada por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública (TACP). El acto ha contado con la participación de representantes institucionales y expertos en la materia.
Albert ha subrayado que el modelo de contratación madrileño es “ejemplar” y se encuentra en un proceso permanente de mejora y adaptación a las directrices europeas. “Nuestra administración se actualiza para mantener y elevar su nivel de excelencia, reforzando siempre la equidad, la concurrencia y la transparencia”, ha afirmado.
En esta línea, ha destacado el papel del TACP como órgano clave para garantizar la legalidad y la justicia en los procesos de adjudicación. Durante el pasado año, este tribunal resolvió un total de 525 recursos, contribuyendo a evitar un volumen significativo de litigios que, de otro modo, habrían terminado en los juzgados de lo contencioso-administrativo, con el consiguiente gasto económico y retraso para las partes implicadas.
La intervención del TACP permite aligerar la carga judicial y facilita una solución más ágil y eficaz en los conflictos derivados de la contratación pública. En palabras de la consejera, su actuación representa “un ahorro real de tiempo y dinero para los contribuyentes”, al mismo tiempo que fomenta una cultura administrativa orientada al cumplimiento riguroso de la legalidad y al buen uso de los fondos públicos.
La jornada celebrada con motivo del 15º aniversario del recurso especial ha servido también para reflexionar sobre los retos futuros de la contratación pública, en especial en un contexto marcado por la digitalización, los fondos europeos y las exigencias crecientes en materia de sostenibilidad y control de gasto.
