El Mundial 2030 garantizará protocolos para proteger los derechos de los trabajadores y los colectivos vulnerables

El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes una proposición no de ley que insta al Gobierno a establecer mecanismos de control y protección de los derechos humanos con vistas a la celebración del Mundial de fútbol de 2030, que organizarán conjuntamente España, Portugal y Marruecos.

La iniciativa también incluye recomendaciones para la elección y preparación del Mundial de 2034, previsto en Arabia Saudí.

La propuesta, presentada por Esquerra Republicana (ERC) y pactada con el PSOE, fue aprobada en la Comisión de Asuntos Exteriores. El texto recoge el compromiso de implementar estrategias y medidas vinculantes que prevengan la vulneración de los derechos fundamentales durante la preparación del evento deportivo.

Además, se solicita al Ejecutivo que instigue a la FIFA a garantizar los derechos y condiciones laborales, especialmente de trabajadores migrantes, en el proceso de adjudicación del Mundial de 2034. El texto original de ERC incluía una solicitud para suspender la candidatura saudí hasta que se aseguren estas condiciones, aunque dicho punto fue modificado mediante una enmienda transaccional con los socialistas.

Compromisos para la protección de derechos y contra la violencia

Otro de los puntos de la proposición insta al Gobierno a exhortar a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a revisar sus acuerdos internacionales y a condicionar la celebración de competiciones en países con historial de violaciones de derechos humanos a una mejora verificable de dichas situaciones. Se subraya así la necesidad de que todas las actividades deportivas promovidas por la RFEF incorporen garantías explícitas de respeto a los derechos fundamentales.

De igual modo, el Congreso reclama que los eventos deportivos que se celebren en España, o en los que participe El País, incorporen protocolos específicos contra la violencia machista, el acoso, la xenofobia y el racismo. El objetivo es salvaguardar el respeto hacia las mujeres y otros colectivos vulnerables en el marco de competiciones nacionales e internacionales.

Supervisión internacional independiente

La iniciativa parlamentaria también incluye la propuesta de creación de un observatorio internacional independiente encargado de vigilar el cumplimiento de los derechos humanos durante la organización y desarrollo de eventos deportivos globales. Esta entidad tendría funciones de evaluación y supervisión, con el propósito de garantizar que los países anfitriones cumplan los estándares internacionales en la materia.

Por último, se recoge la necesidad de introducir cláusulas específicas de respeto a los derechos humanos y laborales en todos los contratos y acuerdos firmados en relación con la organización de estos torneos. Esta exigencia busca reforzar el compromiso institucional con la legalidad internacional y los principios de justicia y dignidad laboral en el ámbito deportivo.