Otra reforma sin consenso

MADRID 5 Sep.

El Gobierno ha decidido sacar adelante la reforma de la financiación autonómica aunque las cuentas políticas no puedan ser más elocuentes: solo Cataluña y Canarias han votado a favor. Las otras comunidades autónomas presentes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera han dicho que no. Y entre ellas hay dos gobernadas por el PSOE: Castilla-La Mancha y Asturias. No parece, por tanto, que estemos ante una reforma fruto del consenso territorial que debería presidir una cuestión tan sensible. Pero al Gobierno le basta con eso. Hacienda tiene la mitad de los votos del Consejo y necesita únicamente el respaldo de una comunidad para sacar adelante su propuesta. Un acuerdo que se parece más a una imposición.

La reforma pretende repartir casi 21.000 millones de euros adicionales entre las comunidades a partir de 2027. Sobre el papel, todas reciben más recursos, aunque no todas consideran justo el reparto. El problema no es solo cuánto dinero hay, sino cómo se reparte y, sobre todo, cómo se ha llegado hasta aquí. Las comunidades que han votado en contra denuncian que el modelo nace de una negociación bilateral con Cataluña y que su origen está en el acuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. De ahí que muchas autonomías vean en esta reforma una contraprestación política antes que una verdadera reforma del sistema. Es un modelo diseñado por y para Cataluña que se pretende hacer pasar por una reforma para toda España.

Además, las comunidades aseguran que en la reunión previa no fueron atendidas sus propuestas. Algunas reclamaban fondos de nivelación; otras pedían que se tuviera en cuenta con parámetros mejores la despoblación, el envejecimiento, la dispersión o la insularidad. La respuesta fue que el modelo estaba hecho. Hablamos de la sanidad, la educación y los servicios sociales. De solidaridad, transparencia y reglas iguales para todos. Ahora la reforma llegará al Congreso, donde necesitará una mayoría absoluta y donde su futuro tampoco está despejado y quedará evidenciada la verdadera razón de tanta prisa que no es otra cosa que la necesidad política de Pedro Sánchez de aparentar que hacen cosas y de intentar cambiar el "relato" del desastre que vive la ciudad autónoma de Ceuta y de la corrupción que cerca al Presidente, al Gobierno y al Partido Socialista.

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